¿Es necesario un cambio en el sistema de financiación de las Administraciones Púbicas? Bajo este enunciado Thomson Reuters celebró ayer una webinar, en la que cuatro expertos en Derecho Público coincidieron en dar una respuesta afirmativa a la pregunta planteada. El encuentro estuvo moderado por el profesor doctor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid Alberto Picón Arranz, que dinamizó con brillantez el debate, el que intervinieron José Manuel Bejarano Lucas, Leopoldo J. Gómez Zamora y Laura Urbaneja.
De forma gráfica Alberto Picón afirmó que, “a la pregunta plantada en la webinar, la respuesta es que sí; el problema está en el cómo”. En cuanto al fondo de la cuestión, sobre qué cambiaría cada uno de ellos, José Manuel Bejarano hizo hincapié en “la necesidad de evitar las políticasde subvención”, y apostar por “dotar a las administraciones de financiación incondicionada”. Para Laura Urbaneja y en referencia a las administraciones locales, “pediría dejar de depender tanto de impuestos que tienen naturaleza inmobiliaria o al menos que todos los de esta naturaleza tengan una base imponible parecida”. Añadió que “cada administración debería financiarse con recursos propios, que es la única forma de garantizar que sean autónomos”. Por último, Leopoldo J. Gómez Zamora pediría “eliminar distorsiones y que se simplifique el sistema fiscal y que los impuestos sean pocos y claros”.
Sintonía en las intervenciones de los tres ponentes
José Manuel Bejarano Lucas, adjunto al secretario general del Pleno en el Ayuntamiento de Marbella, intervino en primer lugar. Señaló que, a pesar de la necesaria reforma del sistema de financiación de las entidades locales, el contexto actual no es el propicio para llevarlo a cabo. Sin olvidar que lo ideal es tender a un modelo de financiación incondicionada.
¿Qué cambiaría del sistema? Ante esta pregunta del moderador, Bejarano se centraría en evitar políticas subvencionadas y dotar a los entes locales de autonomía financiera con cierta discrecionalidad en el gasto, en función de las circunstancias y necesidades de cada ente.
Por su parte, Laura Urbaneja, jefa de Servicio de Gestión Tributaria y Catastro del Ayuntamiento de Marbella, destacó que “es incontestable la necesidad de cambio en el sistema público de financiación, pero nunca debe olvidarse que las Administraciones Públicas no son entes estáticos, están sometidos a cambios permanentes para poder afrontar los numerosos retos que exigen las mejoras en los servicios públicos y dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos”. Es aquí donde, a su juicio, cobra protagonismo el principio de proximidad: “Lo que pueda hacer la Administración cercana, mejor que no lo haga la lejana”. A todo ello hay que añadir la circunstancia de que la Administración Local “no cuenta con autonomía financiera y, en consecuencia, tanto el Estado como las CCAA tienen su parte de corresponsabilidad en facilitar a las entidades locales el ejercicio de sus competencias”.
Urbajena cambiaría del sistema el hecho deno depender de los impuestos asociados al sector inmobiliario y contar con una base imponible única para todos los impuestos relacionados entre sí.
Leopoldo J. Gómez Zamora, secretario general del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas, director adjunto de la Asesoría Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos y letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Exc.), se centró en destacar que la primera disfunción del sistema público de financiación de las CCAA es el de la existencia de dos regímenes privilegiados: País Vasco y Navarra. La segunda es “la gran cantidad de impuestos existentes, lo que nos hace plantearnos si no sería mejor centralizar los impuestos desde la diversidad que existe entre las distintas Comunidades Autónomas. Otros problemas que enrarecen el sistema son la gestión de los gastos entre los distintos territorios, en función de sus particularidades (población, dispersión, perfil de la población…)”.
Además de eliminar los sistemas diferenciales, Gómez Zamora simplificaría el sistema fiscal, “lo que no se entiende bien, no se paga a gusto”, y sabemos que muchos impuestos tienen una utilidad limitada. Por otro lado, hacer realidad el principio de no confiscatoriedad, que, aunque incluso el TC lo prohíba, también admite que una misma actividad o un mismo hecho, puede estar grabado por diversos impuestos. La complejidad jurídica y el juego político no son elementos que ayuden a lograr la deseada simplificación.
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