Tras la vuelta del verano, cuando comenzamos a encarar los últimos meses de otro año, en el que la pandemia de COVID – 19 continua acaparando en buena medida las prioridades de actuación del conjunto de las Administraciones Públicas españolas, pueden empezar a vislumbrarse en el horizonte como principales retos pendientes de abordar para el año 2022, por parte del conjunto de entes y entidades integrantes de la Administración Local, los siguientes:
1.- Reducción del déficit y reconducción de las cuentas públicas locales
Si bien la prioridad del gasto en el binomio 2020 – 2021 tras el estallido de la crisis de COVID – 19 ha estado encaminada a combatir en sus diferentes vertientes las nefastas consecuencias que a día de hoy continúa generando la profunda crisis sanitaria y económica derivadas de una pandemia cuyo final no parece atisbarse en un futuro inmediato, ello no es óbice para que con ocasión del diseño de la planificación presupuestaria para el ejercicio de 2022 cuyo pistoletazo de salida se encuentra próximo en el tiempo conforme a las previsiones del art. 168 TRLHL, comience a realizarse un ejercicio de prudencia y mesura en el techo de obligaciones a reconocer, así como en la previsión de ingresos a recaudar.
Y ello por qué si bien es cierto que en los años venideros habrá de acometerse un importante proceso de reconstrucción, en el que el conjunto de las entidades locales españolas están llamadas a tomar un papel protagonista, como principales precursoras del principio de subsidiariedad, no es menos cierto que la suspensión de las reglas fiscales tampoco se prolongará “ad eternum”, por lo que más pronto que tarde, las cuentas locales habrán de reconducirse hacia una senda marcada por los paradigmas de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, so riesgo de afrontar una más que probable, profunda e intensa crisis financiera partiendo de un (insostenible) déficit público para el conjunto de las Administraciones Públicas, cuyos efectos se dejarán sentir en el nivel territorial local con independencia de su contribución positiva (superávit), a nivel de conjunto, en relación a dicho indicador.
2.- Gestionar proyectos financiados con fondos “Next Generation”
El desbloqueo del primero de los tramos de fondos “Next Generation” por parte de la UE, como principal instrumento financiero para acometer la reconstrucción de las economías europeas a consecuencia de la crisis generada por la COVID – 19, supone probablemente el reto de gestión pública más importante de nuestro país desde el advenimiento de la democracia, frente al que las Entidades Locales no pueden permanecer impasibles, como probables destinatarias de un relevante volumen de recursos públicos provenientes de tales fondos, precisados de una gestión eficaz, eficiente y transparente.
Lo que exige una adecuada selección, planificación y programación de inversiones y proyectos, que contribuyan a generar un efecto palanca a fin de de sanear las maltrechas economías locales, así como de potenciar e impulsar un escenario de colaboración público – privada con efectos dinamizadores y multiplicadores del empleo y la riqueza; donde la formación y el reclutamiento de especialistas en su gestión para las Entidades Locales de mayor tamaño, o bien la asistencia de los entes intermedios (Diputaciones, Consejos o Cabildos) para las de menor dimensión, deviene en imprescindible, especialmente si se atiende a los precedentes nada halagüeños en la gestión de proyectos financiados con fondos europeos por parte del conjunto de las Administraciones Públicas españolas.
3.- Reducción de la temporalidad en el empleo público local
La ratificación de las medidas contempladas en el Real Decreto – ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, más allá de lo acertado o no de su previsiones, debe suponer un punto de inflexión para la reducción de las elevadas cotas de temporalidad existentes en el empleo público español, que son especialmente significativas en el nivel de Administración Local, a fin de solventar uno de los problemas más acuciantes para la función pública española, donde la presión desde el ámbito de la UE se está haciendo especial intensa en aras de salvaguardar el adecuado cumplimiento del marco normativo comunitario.
A lo que se añade desde el plano de la Administración Local, la obligación de cumplimentar el mandato que desde la entrada en vigor de la LRSAL, impone en su redacción actual el art. 92.2. LBRL, reservando con carácter general, el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local y sus organismos autónomos, al personal funcionario, lo que lejos de ser una cuestión baladí, constituye un aspecto crucial para la seguridad jurídica en ámbitos tan relevantes como la Administración electrónica, o para el ejercicio de funciones instrumentales estrechamente relacionadas con las funciones reservadas a funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
4.- Alumbramiento de un estatuto específico para pequeñas y medianas entidades locales.
La cuadratura del círculo debe completarse con la promulgación definitiva de un marco normativo específico para pequeñas y medianas entidades locales (actualmente en tramitación), que coadyuve a una gestión ágil y eficiente, a través de medidas de simplificación administrativa, como complemento del paquete de medidas a través de las cuales ha de articularse una respuesta adecuada y urgente al fenómeno de la despoblación que de manera especialmente significativa viene afectando a diferentes partes del territorio nacional, a fin de actuar como un polo de atracción del talento ya sea al ámbito público, ya al ámbito privado, de los territorios afectados entre otras por dicha circunstancia, donde el teletrabajo así como las infraestructuras que lo posibilitan, están llamados a tomar un papel protagonista, a raíz del marco normativo impulsor de dicha modalidad de prestación de servicios, promulgado como consecuencia de la pandemia de COVID – 19.
