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15/07/2024. 09:50:31

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Las nuevas leyes del ordenamiento jurídico-administrativo

Foto carnet de Antonio Berning

profesor investigador de Derecho administrativo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

La reciente entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, ambas de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, suponen una apuesta por el soporte y medio electrónico como forma común de las relaciones ad intra y ad extra de las Administraciones Públicas, al establecer dicha forma como básica para las relaciones con terceros y entre ellas entre sí.

IV Congreso sobre innovación tecnológica y administración pública

Su incidencia en la actividad diaria de ciudadanos y entes públicos es evidente, y sus novedades, tanto positivas como negativas (que la doctrina ha acuñado como "luces y sombras" de esta nueva regulación) tienen un impacto directo en la sociedad y en los propios entes públicos, al haber pasado del reconocimiento del derecho a relacionarse electrónicamente recogido en las Leyes 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, a una obligación para determinados colectivos detallados en el artículo 14 (en algunos casos, he de afirmar, de forma excesiva, pues se presume capacidad técnica o económica a colectivos que no siempre la tendrán y se permite la imposición de tal obligación vía reglamentaria por cualquier Administración, lo cual puede dar lugar a un incremento de la conocida "brecha digital" y a una desigualdad de trato en función de la Administración Pública concreta con la que vaya a realizarse el trámite), estableciéndose únicamente como derecho para las personas físicas que no se encuentren en alguna situación de sujeción preceptiva, si bien para la Administración la obligatoriedad llega a su punto más álgido, al establecerse la gestión electrónica de procedimientos y documentos como única posible. A tal fin se incorporan multitud de novedades, tales como el Registro Electrónico de apoderamientos, el de funcionarios públicos habilitados, la existencia de una nueva regulación de los requisitos de validez de los actos administrativos (electrónicos), la inclusión del archivo único electrónico en el que se almacenarán los expedientes administrativos electrónicos que generen las Administraciones Públicas, el nuevo régimen en materia de cómputo de plazos administrativos y, en definitiva, toda una serie de novedades tanto de fondo (propias del procedimiento administrativo clásico, como las nuevas reglas de cómputo de plazos o la inhabilitación de los sábados, equiparándose a los plazos procesales, así como las nuevas causas de suspensión del plazo máximo para resolver, entre otras muchas novedades) como de naturaleza electrónica que hacen necesario el estudio en profundidad de la nueva regulación normativa para una correcta adaptación por parte de Administraciones y entes públicos a fin de conseguir los fines pretendidos por el legislador.

A tal efecto, en los próximos días se celebrará en Madrid un importante evento a fin de abordar las vicisitudes del nuevo "par normativo", el IV Congreso sobre innovación tecnológica y Administración Pública a celebrar en el Instituto Nacional de Administración Pública (sede de Madrid) los próximos días 20 y 21 de octubre, en que se debatirán con profundidad con la positiva coordinación entre las vertientes teórica y práctica, todas las perspectivas desde las que se pueden aplicar y la problemática que puede conllevar, lo que proporcionará una mayor amplitud y punto de vista a las sesiones, por lo que todas las cuestiones podrán ser debatidas en profundidad en aras a una efectiva implantación, así como propiciar una futura mejora legislativa, siempre desde una perspectiva constructiva.

En este sentido, al evento acudirán algunos de los máximos expertos en la materia de nuestro país y a invitados de países de nuestro entorno con el objetivo de plantear problemas y compartir soluciones sobre la reforma de la Administración Pública a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y contará con la presencia de técnicos de diferentes Administraciones Públicas que compartirán experiencias exitosas de sus respectivas organizaciones.

El Congreso forma parte del plan de actividades del Proyecto de Investigación "La reforma de la Administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el Derecho", financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública en el marco de su convocatoria permanente de proyectos de investigación.

Vea el programa.

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