Práctica Jurídica

Fuera del específico ámbito de la construcción, el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD. 174/2004, de 30 de enero, que desarrolla aquél establecen la regulación de la normativa sobre coordinación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, estableciendo un importante núcleo obligaciones que si bien se extiende a todas las empresas concurrentes, especialmente incide sobre las empresas titular del centro de trabajo y principal.

La regulación preventiva prevé la existencia de trabajadores que por la existencia de ciertas afectaciones a lo largo de su vida, consecuencia ya del propio desarrollo vital –minoría de edad, maternidad- o de la actualización de ciertas patologías, pueden encontrarse en situaciones en las cuales las prescripciones de protección “ordinarias” no sean suficientes, no dotando de una protección eficaz frente a los riesgos en el trabajo.

La figura del recurso preventivo se establece como un medio humano destinado al control específico de ciertas situaciones en las que por la naturaleza especialmente peligrosa de la tarea o actividad o por la concurrencia de otras circunstancias se incrementan particularmente los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Se halla regulado en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales conforme a la redacción de la Ley 54/2003, desarrollado por el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

A través del artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, se articulan los efectos que la imprudencia del operario tiene en la noción de accidente de trabajo.