Práctica Jurídica

El 1 de enero de 2009 entrará en vigor para Escocia, Francia y Alemania el Convenio de La Haya sobre protección internacional de adultos. España es un país proclive a que se produzcan situaciones de protección de adultos conectadas con otros ordenamientos. No tenemos normas adecuadas para resolver esta problemática. La ratificación del Convenio parece oportuna.

La STS de 15-9-2008 confirma la inadmisión de un recurso de protección de los derechos fundamentales deducido contra la omisión del trámite de audiencia por un Acuerdo del Delegado Especial de la AEAT, sobre remisión de actuaciones al Fiscal por la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública.

En su sentencia de 14 de octubre de 2008 el TJCE ha declarado que el artículo 18 CE se opone a que las autoridades...

Determinados medios arbitrales profesan el dogma de las axiomáticas virtudes del arbitraje administrado, por eso, desde posiciones claramente proclives al arbitraje institucional, es habitual...

La Ley catalana 10/2008, de 10 de julio, ha aprobado el Libro Cuarto del Código civil de Cataluña, dedicado al derecho de sucesiones. Entre las novedades que contiene destaca el tratamiento de los derechos sucesorios de las parejas estables y de los hijos adoptivos. Un principio que inspira la nueva normativa consiste en destacar la importancia de la convivencia afectiva de la pareja en lugar del vínculo matrimonial, de manera que se reconocen derechos sucesorios a las parejas estables con independencia del matrimonio. La nueva norma pone fin a la diferencia de tratamiento de parejas homosexuales, respecto a las heterosexuales, en lo relativo a sus derechos sucesorios. En materia de adopción, se reconoce legalmente el principio de equiparación en derechos sucesorios de los hijos adoptados, respecto a los hijos habidos por naturaleza, pero se regulan además supuestos excepcionales en que conservan algunos de esos derechos en la sucesión de hermanos y ascendientes en la familia de origen.

Presentamos una relación de estafas comunes relacionadas con el blanqueo de capitales. En todas ellas subyace el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales para los sujetos obligados.

El convenio colectivo estatutario es la fuente de derecho de mayor importancia funcional en el marco de nuestro ordenamiento laboral. La determinación de las condiciones de trabajo, viene determinada, en gran medida, por esta norma jurídica y, sin embargo, es la que quizás aporte más complejidad para su especificación. O dicho de otro modo, es frecuente la falta de datos o criterios precisos que permitan elegir el convenio colectivo aplicable a cada caso concreto. Para ello, hemos querido sintetizar los parámetros legales y las pautas a seguir para establecer una breve guía para la determinación del convenio colectivo de aplicación.

Una Sentencia de la Audiencia Nacional considera que el número de móvil por sí solo no es un dato de carácter personal al no hacer al titular de los datos identificable.

Recientemente se ha conocido la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Zaragoza, de fecha 11 de septiembre de 2.008, que estima la demanda interpuesta por el Director General de Trabajo del Gobierno de Aragón contra la Caja de Ahorros de la Inmaculada (en adelante, CAI) declarando que la citada entidad vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades en la promoción profesional de su colectivo femenino.