Práctica Jurídica

El pasado 12 de octubre entró en vigor la Ley 22/2007 sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Su objetivo principal es la protección de los clientes o consumidores de servicios financieros que realizan operaciones de comercialización a distancia, tales como la contratación electrónica o telefónica de servicios bancarios, de crédito o de pago, de inversión, de seguros privados, o de planes de pensiones, entre otros.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) ha promulgado la sexta revisión de las denominadas Reglas y usos uniformes para Créditos Documentarios, conocidas (UCP). Las nuevas reglas, que entraron en vigor el pasado 1 de julio de 2007, incorporan importantes novedades en cuestiones de formularios, transporte, seguros, definiciones e interpretaciones.

Es común que las empresas estadounidenses en apuros financieros realicen operaciones con otras sociedades que tengan por objeto único maquillar sus cifras contables, para así parecer atractivas a los inversores. La ley permite demandar indemnizaciones a aquellas corporaciones que cometen fraude financiero. ¿Qué pasa con las entidades que colaboraron con estas en la maquinación del engaño contable? El Tribunal Supremo de EEUU ha respondido a esta crucial pregunta.

El autor defiende que el derecho global es una exigencia de nuestro tiempo, superadora del Derecho internacional moderno y del derecho de gentes de la Antigüedad.

El autor sostiene que la inmigración ha modificado el Derecho de Extranjería y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, permitiendo equiparar situaciones legales que no tienen un correlato cierto en el Derecho Constitucional Comparado.

El autor resalta la aprobación del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

El autor defiende un supuesto de legitimación procesal de los grupos parlamentarios que les permita defender sus derechos e intereses más allá del recinto amurallado del Parlamento.

El autor defiende una resolución del TC que deja sin coartada alguna a los que exigen la libertad de expresión como patente de corso para perpetrar delitos de amenazas o del enaltecimiento del terrorismo.

El autor defiende la necesidad de establecer el Registro estatal de fundaciones de acuerdo a la normativa expedida para tal efecto.