La vieja disputa entre los máximos responsables del Ministerio de Trabajo y del Banco de España a cuenta de la reforma laboral ha vuelto a revivir por una materia que analistas consideran de gran importancia: la negociación colectiva.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que acaba de diseñar las principales coordenadas de una controvertida reforma laboral, acusó de parcial al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por defender la negociación colectiva como un elemento básico en esta reforma.
"Según el Gobernador del Banco de España, el mercado financiero y la falta de créditos no han tenido nada que ver y todo el problema está en la negociación de los convenios colectivos. No se puede ser más parcial en un análisis", dijo Corbacho en una entrevista divulgada el lunes por El Mundo.
Algunos analistas critican que la reforma laboral, que aún debe convalidar el Congreso de los Diputados, centre una buena parte de su contenido en la regulación del despido y no en otros aspectos tales como las negociaciones salariales entre trabajadores y empresarios en el marco de los convenios colectivos.
Fernández Ordóñez siempre ha defendido la indexación de los salarios a la productividad y no a la evolución de la inflación, según él, habitualmente volátil y transitoria.
En la entrevista, Corbacho niega que esta reforma laboral abarate el despido, como se ha dicho desde varios sectores y que ha sido objeto de una convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos el próximo 29 de septiembre.
Afirma que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo – que garantiza la percepción de salarios, indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral – cuenta con un volumen cercano a los 4.000 millones y el coste estimado para 2011 es de unos 120 millones de euros, que pagan todos los empresarios cuando tienen problemas.
En caso de que el gobierno aglutine la suficiente mayoría, la reforma laboral, aprobada la semana pasada por el Ejecutivo, deberá ser convalidada el martes por la Cámara Baja española y después tendrá un plazo máximo de 12 meses para debatirla e introducir enmiendas por parte de las distintas formaciones parlamentarias.
No obstante, la voluntad del Gobierno es dar vía libre a esta nueva normativa lo antes posible en su tramitación parlamentaria, según una fuente oficial.
