La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid devolvió el lunes a la Audiencia Nacional el caso de los detenidos por los disturbios registrados la semana pasada en las inmediaciones del Congreso de los Diputados en una protesta masiva contra los recortes impuestos por el Gobierno.
La manifestación, que pretendía rodear el Congreso de los Diputados, acabó el martes pasado con cargas policiales, 35 detenidos – uno de ellos menor de edad – y 64 heridos, 27 de ellos agentes.
La magistrada estima que los hechos son constitutivos de un presunto delito contra las Instituciones del Estado, por lo que la Audiencia Nacional es el órgano competente, según un auto conocido el lunes.
No obstante, la Audiencia Nacional, que se ocupa de los delitos de mayor gravedad y relevancia social como los de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, delitos contra la Corona o graves delitos económicos, se había inhibido la semana pasada en el asunto, al considerar que los hechos constituían un presunto delito de atentado, lesiones, resistencia y desobediencia y desórdenes públicos.
La magistrada recuerda que en la convocatoria de la manifestación "se exigía un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar el proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica y social".
El viernes, los 34 detenidos que pasaron a disposición judicial quedaron en libertad provisional con la condición de comunicar los cambios de domicilio.
