MADRID (Reuters) – Las normas tributarias españolas tienen poca o ninguna estabilidad, según tres de cada cuatro grandes empresas que operan en el país, y esa falta de seguridad fiscal les obstaculiza a la hora de realizar inversiones en España, según se desprende de un exhaustivo estudio presentado el jueves.
En un contexto de urgencia por parte del Gobierno español para reducir el disparado déficit público, la investigación refleja que los esfuerzos por ingresar más están llevando a una presión fiscal adicional sobre las empresas que se traduce en una falta de percepción de estabilidad normativa futura.
"Es imposible diseñar un modelo a largo plazo ante las necesidades perentorias a corto plazo", dijo Ramón Casero, profesor del Departamento de Derecho Económico y Social de la Universidad Pontificia Comillas y uno de los autores del estudio "Percepción de las grandes empresas sobre el sistema tributario español", realizado a 220 empresas con una facturación anual superior a 50 millones de euros.
"Los entrevistados ponen de manifiesto la falta de previsibilidad, de seguridad, de confianza legítima en el propio sistema como consecuencia de la eliminación de beneficios fiscales, lo que supone falta de seguridad a la hora de realizar inversiones", añadió Casero.
Dentro de las modificaciones fiscales introducidas en los últimos meses para incrementar los ingresos estatales, el Gobierno español ha reformado el impuesto de sociedades introduciendo límites o suprimiendo determinados beneficios fiscales, como la acotación de la deducción de los gastos financieros.
Ricardo Gómez, presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad, que encargó el estudio a la Universidad Pontificia Comillas, subrayó que esta modificación había sido una mala noticia especialmente para las empresas muy endeudadas, al ver eliminada la deducción a los intereses que están pagando a los bancos.
"(Se ha hecho) al estilo español, de forma muy abrupta y muy radical sin periodo de gracia para adaptar las estructuras de financiación", explicó.
En este sentido, el 81 por ciento de los encuestados considera insuficientes los plazos para adaptarse a los cambios normativos.
MÁS SIMPLIFICACIÓN Y AGILIDAD
Aunque las conclusiones del estudio reflejan que el 52 por ciento muestra una satisfacción general con el sistema fiscal español, al que dan como nota media un aprobado alto, son muchas las demandas que realizan a la administración.
Así, el 94,4 por ciento de las grandes empresas ve necesario una simplificación y clarificación de las normas tributarias, ante la multitud de regímenes especiales o excepciones a la regla general, además de los variados subsistemas fiscales por la propia organización territorial del Estado.
Respecto a las figuras que son consideradas más gravosas para las empresas, las compañías destacan especialmente el impuesto sobre sociedades (73,6 por ciento), el impuesto sobre el valor añadido (66,7 por ciento) y las retenciones a cuenta (55,6 por ciento).
Una mayoría de un 80 por ciento considera insuficientes las ventajas fiscales para favorecer la localización de empresas en España, y entre el 61 y el 74 por ciento estima además que hay poca o ninguna disposición y apertura al diálogo por parte de la administración.
Las grandes empresas se sienten además perjudicadas por la presencia de economía sumergida en España, aunque estiman que se da mayoritariamente en pymes y autónomos.
El aspecto en el que la administración tributaria pública sale más favorecido es el referido a su grado de modernización, que valora como muy importante y positivo el 96 por ciento de los entrevistados.
El estudio, con un margen de error de un 2,4 por ciento, se prolongó desde el 5 de diciembre de 2011 hasta el 22 de abril de 2012, y el cuestionario estuvo acompañado de entrevistas individuales que se prolongaron hasta finales de mayo.
La Fundación Impuestos y Competitividad, impulsora del estudio, fue creada el año pasado por ocho grandes despachos de abogados especializados en el ámbito fiscal (Baker & McKenzie, Cuatrecasas-Gonçalves Pereira, Deloitte Abogados, Ernst & Young, Garrigues, KPMG Abogados, PwC y Uría Menéndez).