El pasado 19 de abril el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), ha dictado sentencia con ocasión de una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo sueco, en la que confirmar la Directiva 2006/24, traspuesta en España por la Ley 25/2007 de 18 de octubre, de Conservación de Datos referentes a la telefonía fija, móvil y por internet, armonizando, o al menos pretendiendo, las disposiciones de los Estados miembros relativas a las obligaciones de los proveedores de comunicaciones en relación con el tratamiento y la conservación de determinados datos tratados por los mismos, para garantizar que estén disponibles con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves
Declara la sentencia que no es contrario a la Directiva el que exista una normativa interna, como es la sueca, por la que se permite requerir judicialmente a un proveedor de acceso a Internet que comunique al titular de un derecho de autor o a su causahabiente la identidad del abonado a quien se ha asignado una determinada dirección IP que supuestamente ha servido para vulneración de dicho derecho a escala comercial.
En nuestro país, la poco acertada Ley de Economía Sostenible, que modifica apartados de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, posibilita en el mundo de la piratería en la red, recabar de las operadoras los datos para la identificación de los infractores por delitos contra la propiedad intelectual.
Lo cierto es que la sentencia habla de delitos graves, y como tales, según nuestro Código Penal, son aquellos cuya pena de prisión es superior a 5 años. ¿No es posible solicitar los datos si el delito es menos grave? Esta sentencia dará, una vez más, juego a los abogados y excusas a los jueces para no instruir procedimientos. Y, ¿en qué lugar queda la recién creada Sección Segunda de la CPI?
