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7 de Diciembre de 2016

Daniel A. López Carballo

Socio del Área de Privacidad y Protección de Datos en ECIJA Abogados

Privacidad y nuevos propósitos para el 2017

Si empezábamos el año con el camino expedito para la aprobación y entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, lo terminamos con el anuncio de diferentes proyectos de ley a nivel internacional y previsiblemente con la propuesta de modificación de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos en el primer trimestre de 2017, tal y como adelantaba la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.


Y es que, a nivel nacional, junto con el impacto que para las empresas va implicar el nuevo Reglamento europeo, deberán acometerse cambios en diferentes normas de cara a trasladar las nuevas obligaciones en el tratamiento de los datos personales, en relación con aspectos tales como la obtención del propio consentimiento, el deber de información o la consideración que actualmente se venía dando a determinados datos (datos biométricos).

Para las empresas, como responsables de tratamiento, está claro que el tiempo hasta la plena aplicación de Reglamento europeo, va implicar acometer un proceso interno de redefinición de los sistemas de tratamiento de datos personales, las finalidades con que son realizados y la identificación de los diferentes procesos dentro de la ardua tarea de analizar el ciclo de vida útil del dato. Obligaciones que, junto a los inventarios de prestadores de servicios y modificaciones contractuales o firma de nuevos anexos para garantizar las exigencia de la norma europea y evitar riesgos asociados, implicarán la implementación de nuevos mecanismos de obtención del consentimiento asociados a un derecho a la información que lleva asociado el reto de su accesibilidad por parte de los usuarios, así como los procedimientos necesarios para poder atender los nuevos derechos establecidos en la normativa europea.

Si a nivel europeo nos encontramos en un momento de profundo cambio, el plano internacional no se encuentra muy lejos, Estados Unidos se enfrenta al reto de consolidar el Privacy Shield y definir los mecanismos de control y reclamación por parte de los usuarios cuyo derecho pudiera verse vulnerado.

Iberoamérica fija en su horizonte para el próximo año, la aprobación de nuevos proyectos de Ley en países como Ecuador, Panamá, Honduras y Brasil, con expectativa de avanzar en una unificación de criterios que, tal y como avanzaba la propia Organización de Estados Americanos, facilite la libre circulación de los datos, la protección del derecho de las personas, y permita el crecimiento de la región en la era de la economía digital.

Sobre la mesa, cuestiones como el reconocimiento del derecho al olvido, y su entendimiento como un derecho más allá de las fronteras, tal y como se reconoció en el marco de la Unión Europea. Así las resoluciones y sentencias que hemos ido conociendo estos meses, junto cómo los proyectos de ley presentados, evidencian la necesidad de unificar su aplicabilidad.

Otros países como Chile o Costa Rica avanzarán en la modificación de sus normativas o la aplicación de sus nuevos Reglamentos de desarrollo, en un momento en que Iberoamérica apuesta por el desarrollo tecnológico, la inversión en el mercado digital y la conectividad, la formación de los nativos digitales, entendidos todos ellos como pasos necesarios para el avance económico y social.

Una necesidad que las propias empresas han puesto de manifiesto, y que implican que cuestiones actualmente reguladas, aún deberán seguir evolucionando, como las transferencias internacionales de datos y su control efectivo para garantizar que las clausulas contractuales tipo no sólo sean una garantía contractual, sino que existan mecanismos de seguimiento por parte de las diferentes autoridades donde los datos vayan a ser tratados.

El auge e impulso de las nuevas tecnologías, implican que junto con el concepto personal de privacidad, cada vez tengan un mayor peso tendencias como la "privacidad colectiva", que conllevan que se adopten las medidas necesarias para garantizar la efectiva protección de la información, evitando fugas de datos o vulneraciones de los mismos, entre otras cuestiones.

Este 2017 implica la adopción de nuevos términos, como ya lo hicimos en el pasado, junto con el Big Data deberá avanzarse hacia el Big Privacy, o la adopción de nuevas herramientas, con independencia de que la información a priori permita la identificación de un determinado sujeto, toda vez que este tipo de análisis masivos de datos, junto con el volumen de informaciones permitan, no sólo la reidentificación, si no obtener mayor información, como por ejemplo datos sanitarios a partir de datos de nivel básico, o su utilización con finalidades dispares que puedan implicar una colisión de derechos de las personas. Un nuevo concepto de privacidad en la era en que el renombrado Reglamento General de protección de Datos viene a reconocer la mayoría de edad de los responsables del tratamiento, y por tanto la adopción de garantías suficientes.

Por delante, doce meses de retos para el legislador, las instituciones, las propias empresas, y el ciudadano, todos ellos piezas claves para el correcto encaje y funcionamiento de esta importante rama del Derecho.


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