Una de las series que han causado sensación este año ha sido Chernóbil. La ficción de HBO ha retratado un evento que marcó a la gente que vivió ese acontecimiento incluso sin entenderlo del todo, como era mi caso. En uno de los episodios explicaban de una manera clara y sencilla lo que había pasado en el reactor nuclear de la central y por qué ocurría. La explicación era tan clara que se podía entender meridianamente incluso para personas con poco conocimiento de física nuclear.
Sin embargo, más allá de la extraordinaria explicación de lo ocurrido, lo que posiblemente sea memorable es la escena en la que, en paralelo a las explicaciones de Legasov (interpretado por Jared Harris). En ella se recrea lo que parece que sucedió en la sala de control del reactor. Dyatlov, el responsable de la central, dirige un ensayo que acabó como acabó. Según la dramatización, el ingeniero jefe estaba interesado en probar la capacidad de arranque del reactor desde cero, lo que nunca se había hecho, y lo que acabó provocando una reacción en cadena. La cuestión es que, a lo largo del ensayo, varios trabajadores de la central insistían en que los indicadores eran negativos y que estaban en una situación de riesgo. Sin embargo, en lugar de escuchar o disipar dudas, Dyatlov les insulta, les amenaza y les golpea. Finalmente, escuchar a sus trabajadores o a los indicadores de la central, o andar con cierta precaución habría evitado un accidente nuclear sin precedentes.
Pues bien, en mi opinión, esto es lo que hubiera pasado si, hace un año, si no hubiera tenido lugar la tan comentada prórroga de la aplicación de determinados aspectos de la ley 39/2015 que comentaba aquí Gerardo Bustos. Si recordamos un poco los hechos (seguro que algunas personas lo tienen tan grabado como el accidente de Chernóbil, aunque sea por la cercanía temporal), poco mas de dos meses antes de entrar en vigor completamente el procedimiento administrativo electrónico, el Consejo de Ministros prorrogó la aplicación de determinadas condiciones precisamente por el estado de desarrollo de determinados aplicativos y soluciones necesarios para ello.
Muchas personas se mostraron contrarias a la prórroga por diferentes motivos que podíamos clasificar en tres bloques:
- Argumento legal: La ley lo dice y hay que cumplir.
- Agravio comparativo: Mi administración ha cumplido y no entiendo por qué las demás no.
- Argumento operativo: si hacemos ahora una prórroga, la gente que no se ha esforzado en este momento, no lo va a hacer en 2020 tampoco.
Ahora con la efeméride muchas personas han comentado la situación de sus organismos o de organismos que conocen un año después. Aquí las sensaciones son encontradas. Por un lado, tenemos un hecho que, con la perspectiva del tiempo, parece difícilmente refutable: no se daban las condiciones de que arrancara la Administración electrónica completa y única en 2018. Muchísimas personas señalan que incluso hoy sus organizaciones no podrían abordar el procedimiento completamente tal y como recoge la normativa. De esta manera cabe pensar que, salvo que hayan destruido lo que tenían en 2018, nunca estuvo allí. Es decir, si se hubiera seguido con la Ley (y si se hubiera hecho de manera drástica, es decir, anulando o impidiendo cualquier procedimiento administrativo no electrónico), la situación habría desembocado en un Chernóbil administrativo.
Por otro lado, y ahí a las personas que defendían el argumento operativo contra la prórroga parecen tener razón, es posible que muchas organizaciones que habían pasado de realizar los cambios necesarios antes de 2018 hayan empezado a hacerlo en 2019. Esto último es algo más difícil de valorar de manera clara, porque, mientras que los recursos digitales están o no están, hay muchas maneras de estar haciendo cosas, disimular que se están haciendo cosas, o, simplemente, no hacer nada de nada.
Así que, un año después podemos, quizá algo ya distanciados, analizar con un poco de frialdad la oportunidad de la prórroga. Por un lado, está claro que el arranque de un cambio de estas dimensiones sin tener esas estructuras mínimas habría sido catastrófico siempre que se hiciera en realidad. Es verdad que podía pasar como con la ley 11/2007 que decía que todas las personas podían pedir hacer los trámites de manera telemática, y eso no se cumplió, pero no hubo ninguna prórroga ni nada, simplemente, se dejó de aplicar esa ley. Pero en caso de poner toda la carne en el asador, faltaban estos recursos, y eso es algo a tener en cuenta. No haber escuchado a quien los gestiona, los construye o quien los utiliza, o simplemente forzar la máquina habría sido peligroso.
Por otro lado, hay múltiples motivos por los que se llegó a esta situación y, lo normal es analizar lo que ha sucedido con ellos. Hay cuestiones técnicas y estructurales que estaban mal planificadas temporalmente: algunos de los proyectos que debían estar en 2 años muy difícilmente iban a estarlo.
También hay organizaciones que no estaban o están en condiciones de abordar los cambios necesarios para llegar al objetivo. En este sentido, medidas de apoyo en una estructura de gobiernos multinivel como la española, parece avanzar de manera lenta e irregular, pero avanzar, a fin de cuentas. Hay iniciativas de CCAA o de diputaciones que trabajan en la provisión de soluciones suficientes para abordar el cambio, y esa es una dinámica a impulsar y profundizar.
Sin embargo, si que hay un elemento adicional y peligroso, que es el de los agentes más recalcitrantes que ni hacen ni solicitan apoyo. Algunos de estos agentes son directamente contrarios a la aplicación de la ley y, otros muchos, con diferentes compromisos y prioridades, confían en que el peso de los hechos consumados evite tener que abordar esos cambios. Siendo los primeros casos que, en mi opinión son minoritarios, y que merecen un tratamiento especial, son los segundos los que suponen un riesgo de que la segunda salida sea en falso. Se trata de todas aquellas organizaciones que te responden que bastante tienen con lo suyo como para ponerse con el gestor de expedientes. Ahí es donde creo que deberían centrarse los esfuerzos siendo conscientes de que, si bien en muchos casos no hay un esfuerzo real, en otros la realidad desborda a esas organizaciones, incluso aquellas que son grandes. Quizá, la mejor lección que podemos sacar de la prórroga es escuchar más a aquellas organizaciones que están levantando la mano porque simplemente no pueden llegar. Si no, posiblemente, en 2020 nos veremos en las mismas.
