Después del pavoroso incendio de Roma (64 d.C.), Nerón pudo reconstruir la ciudad alzando sobre las cenizas una urbe moderna, con la resignación de los romanos. Tras el hundimiento del Titanic (1912) la conciencia de humildad y el sentimiento de esperar lo inesperado dejó huella en el ciudadano moderno que creía que luz, tecnología y avances médicos le hacían invulnerable.
Saltando en el tiempo y el espacio, las plácidas aguas de la democracia española, con la madurez de los cuarenta años largos de vida constitucional, han sufrido el impacto de la pandemia del coronavirus dejando secuelas económicas, sociales y personales, pero en lo que aquí nos interesa, ha borrado de un plumazo el principio de confianza legítima de ciudadanos y en particular, de los operadores jurídicos.
La confianza legítima era el cómodo concepto jurídico en que vivían instalados los juristas civiles, laborales, penales y administrativos. Sabían que el sistema jurídico había alcanzado estabilidad y que admitía cambios según los vientos y mareas ideológicos o problemas coyunturales. Lo que ningún tripulante del Estado esperaba era que el buque jurídico cambiase súbitamente de rumbo, se hundiese bajo la línea de flotación o que se arrojase por la borda como lastre lo que se consideraba básico.
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