En los últimos años asistimos a un cuestionamiento beligerante de las políticas de género y de igualdad. Si bien su objetivo es claro al tratar de dificultar la adopción de medidas que fomenten la igualdad y en su caso revertir las medidas adoptadas en pro de la igualdad. No importa la verdad, se necesita una fricción destinada a obtener una ventaja electoral y las redes se han convertido en un altavoz perfecto para este tipo de políticas, porque evitan contrastar con datos reales de organismos oficiales o directamente los desvaloran.
Las medidas para garantizar la igualdad no son una ocurrencia reciente, forman parte de la identidad propia del Derecho desarrollado en los países democráticos y, como señala Santiago Alba, declara públicamente la igualdad de todos ante la ley; la material y la formal, y para garantizar su implantación se impone desde las instituciones. Su adopción ha seguido un largo camino, no sólo intelectual, sino en el ámbito social y normativo que ha tenido el marco internacional como plataforma de desarrollo.
En 1951 el Convenio 100 de la OIT ya hacía referencia a la igualdad salarial, y así lo recogió el Tratado de Roma en 1957. En él ámbito de la OIT se han tratado estos temas en múltiples Convenios, el 111 de Igualdad en el empleo, 156 de Responsabilidades familiares, el 185 de protección a la maternidad y el 190 de Violencia y acoso en el trabajo.
En Naciones Unidas en 1979, con la CEDAW, ya se determinó la necesidad de la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres.
La Unión Europea ha tratado en múltiples directivas el desarrollo de normas en materia de igualdad que han formado la base de nuestra legislación actual en materia de igualdad.
Con esto lo que queremos decir, es que, si bien en estos últimos años se ha elevado una corriente contraria a los avances que se están implementando en materia de igualdad, la normativa desarrollada en los últimos 70 años ha dotado de una base legal que permite amparar y resistir envites que pretenden desandar el camino recorrido.
Ni las mujeres actuales están dispuestas a renunciar a derechos que han tardado muchos años en disfrutar en condiciones de igualdad, ni el empuje de un actor individual puede hacer retroceder las políticas públicas que se han implementado hasta la fecha.
En cualquier caso, es necesario que lo reflejado en las normas no se quede en el papel, sino que dichas medidas sean implementadas para reducir las brechas persistentes en materia de igualdad.
Por eso es necesario que en el actual contexto geopolítico se mantengan desde las instituciones el empuje en las políticas de igualdad, como ha venido haciendo el Instituto de las Mujeres desde hace 40 años, desarrollando una labor fundamental, como organismo de Igualdad, como promotor de políticas de igualdad, pero también como garante de que las medidas adoptadas deben aplicarse. Para ello también es necesaria la colaboración entre organismos nacionales e internacionales y la necesaria aplicación de la perspectiva de género desde tribunales e instituciones para garantizar una aplicación real de dichas medidas.
Velar por garantizar derechos básicos como la igualdad salarial, la promoción profesional, evitar la precarización de determinados trabajos feminizados, garantizar que las mujeres puedan acceder a profesiones STEM, e igualmente que puedan participar en igualdad de condiciones en los ámbitos de dirección, debe seguir siendo una prioridad en el ejercicio de la actividad de las políticas públicas.
En cualquier caso, no podemos olvidarnos que estos objetivos no son viables si no reforzamos la corresponsabilidad y una adecuada conciliación que no penalice a las mujeres y que permita desarrollar sus carreras profesionales en condiciones reales de igualdad. Hay que evitar victimizar a los hombres, y que sean capaces de asumir responsabilidades familiares, como se les ha exigido tradicionalmente a las mujeres.
Pretensiones como las que hemos visto recientemente de penalizar a empresas que tengan implantadas políticas de género, parecen más enfocadas a conseguir una atención mediática que a una reversión real de dichas medidas, pero ya nos obliga a estar alerta. En el ámbito de la UE y en nuestro país en particular, porque las normas internacionales y nacionales han creado un marco que obliga a mantener esas políticas. Por otro lado, porque durante estos años se han desarrollado y creado mecanismos que permiten a la Administración vigilar y sancionar los incumplimientos de determinadas medidas, como los Planes de Igualdad, los registros salariales, las medidas de conciliación y corresponsabilidad, protocolos de acoso, la presencia equilibrada de mujeres en sociedades de capital, lo que otorga a organismos como la Inspección de Trabajo un papel fundamental en el cumplimiento de la normativa de igualdad.
Ante una ola reaccionaria, en la que los datos objetivos se convierten en subjetividades que alientan nuevos victimismos donde parece que no importa la verdad, solo cabe aplicar con rigor las medidas y los datos que ya existen, mantener el apoyo al principio equilibrado de oportunidades, interviniendo cuando sea necesario, conforme a las normas internacionales y nacionales que tenemos. Implementando políticas que mejoren las condiciones de las mujeres y permitan una igualdad real con políticas feministas que necesitan ser inclusivas y transversales, y eso implica no solo interpelar también a los hombres, sino también a los sectores más desfavorecidos y vulnerables. Las políticas de igualdad son políticas estructurales de una sociedad madura, que lógicamente tienen que tener un reflejo en nuestro ordenamiento jurídico.
En este contexto, la participación activa y el compromiso de todos los actores sociales son fundamentales para fortalecer y avanzar en la defensa de los derechos y la igualdad. En particular, el intercambio de ideas y experiencias en espacios especializados resulta clave para reflexionar sobre los desafíos actuales y buscar soluciones que sean efectivas en el tiempo. Es por ello que, en el marco del IV Encuentro Mujeres por Derecho, que la Fundación Aranzadi LA LEY celebra el próximo 11 de junio, Juan Gómez participará en la mesa ‘La igualdad en el nuevo contexto geopolítico’. Su experiencia aportará una visión enriquecedora sobre cómo afrontar los obstáculos y aprovechar las oportunidades en un escenario global en constante cambio, siempre con el objetivo de consolidar un avance real y duradero en la igualdad de género.
Fundación Aranzadi LA LEY te invita al ‘IV Encuentro Mujeres por Derecho’
Un año más queremos seguir celebrando contigo el éxito de la iniciativa Mujeres por Derecho mediante un evento muy especial en el que participarán representantes de los máximos órganos de dirección de entidades públicas y privadas.
La Fundación Ortega-Marañón será el escenario de la cuarta edición de ‘Mujeres por Derecho: ‘Inteligencia, Justicia e Igualdad’, un evento que se ha consolidado como una cita ineludible para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el sector jurídico en un contexto global en constante cambio. Organizado por la Fundación Aranzadi LA LEY, este encuentro se celebrará el próximo miércoles 11 de junio en Madrid en el corazón de la Fundación Ortega-Marañón (C/ Fortuny, 53 – 28010, Madrid), con la opción de seguirlo en streaming.
‘Mujeres por Derecho’ no solo busca visibilizar el talento femenino en el mundo jurídico, sino también generar un espacio de reflexión y acción para construir un futuro más justo e igualitario. Una cita que promete inspirar a todos los asistentes y marcar tendencia en la agenda del derecho y la igualdad. Las sesiones abordarán temas tan relevantes como los riesgos para la igualdad en el nuevo escenario geopolítico, el impacto de la tecnología en el crecimiento profesional, y las metodologías restaurativas en justicia. Todo ello con la participación de figuras destacadas del derecho y la empresa, que compartirán sus conocimientos y experiencias en mesas de debate y ponencias inspiradoras.
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