El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo conocida este martes en la que se ha avalado la limitación de la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento para uso de vivienda con motivo de la crisis inflacionaria, que se incluyó en el Real Decreto-Ley de 29 de marzo de 2022, para dar respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania y en sus dos prórrogas del mismo año.
Según han reivindicado fuentes de Vivienda, el pronunciamiento del Supremo «da la razón al Gobierno» a la hora de aplicar medidas de contención de renta y proteger a las personas inquilinas. «El derecho, siempre por encima de todo», han añadido.
Tal y como se recoge en la sentencia publicada este martes, el alto tribunal considera que dicha limitación, que buscaba atajar el proceso inflacionista y proteger a los arrendatarios vulnerables, no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial.
De esta manera, ha desestimado el recurso planteado por Societat de Arrendaments 2007 contra el acuerdo del Consejo de Ministros que le denegó una indemnización, en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, de 631.000 euros, por los daños y perjuicios causados por la limitación de los importes máximos de los alquileres.
Desde el Ministerio de Vivienda han recalcado que el aval del Supremo reconoce que «el legislador puede limitar la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda de forma que, en defecto de acuerdo entre las partes, no pueda superar determinados límites razonables y razonados«.
En esta línea, fuentes de la cartera de Isabel Rodríguez han recordado que el Ministerio de Vivienda ha impulsado una solución estructural para evitar situaciones similares en el futuro a través del Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda y que hayan sido firmados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.
