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24/04/2026. 11:11:31
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Ley de desperdicio alimentario: del papel a la realidad

Director general de Comerso Iberia

La entrada en vigor de la Ley 1/2025 de Prevención del Desperdicio Alimentario marca un punto de inflexión para el conjunto de la cadena alimentaria en España. No se trata solo de una nueva normativa. Es, en realidad, un cambio de paradigma que obliga a las empresas a revisar en profundidad cómo producen, gestionan y valorizan sus excedentes.

Durante años, el desperdicio alimentario ha sido un problema conocido, pero no siempre abordado con la urgencia ni la estructura necesarias. Hoy ya no es una cuestión reputacional o voluntaria. Es una obligación legal que afecta por igual a la industria, la distribución, la restauración, el sector primario o las colectividades. Y, sobre todo, es una responsabilidad compartida.

En este contexto, adquieren relevancia modelos de gestión estructurados orientados a la valorización de excedentes, que permitan a las empresas organizar de forma eficiente las donaciones, garantizar la trazabilidad de los productos y adaptarse a los nuevos requisitos regulatorios.

España desperdicia en torno a 4,2 millones de toneladas de alimentos al año, según Eurostat, una cifra que evidencia que las iniciativas voluntarias, aunque necesarias, no han sido suficientes.

La ley llega precisamente para dar ese paso que faltaba: pasar de la sensibilización a la acción estructurada. Esto implica algo muy concreto para las empresas. A partir de ahora, además de donar puntualmente o aplicar buenas prácticas aisladas, será imprescindible contar con planes de prevención, sistemas de trazabilidad, acuerdos formales y documentación preparada. En otras palabras, la gestión del excedente deja de ser un proceso secundario para convertirse en un proceso crítico.

La ley ya está en vigor, y su aplicación completa es exigible desde el 1 de abril de 2026. Desde ese momento, las empresas deben poder demostrar que cumplen con obligaciones muy concretas.

En primer lugar, es obligatorio disponer de un plan de prevención del desperdicio alimentario.
Además, deberán aplicar la jerarquía de prioridades: prevenir, donar y, en última instancia, valorizar o eliminar.

También será imprescindible formalizar acuerdos de donación con entidades sociales o bancos de alimentos.

Por último, las empresas tendrán que garantizar la trazabilidad completa de los excedentes, con registros que permitan justificar su gestión en caso de inspección. La implantación de sistemas que permitan registrar, documentar y acreditar cada fase resulta clave para reducir riesgos.

No cumplir con estas obligaciones no es menor. La ley incorpora un régimen sancionador con multas de hasta 500.000 euros.

La norma establece una jerarquía clara: prevenir, donar y valorizar o desechar.

Este enfoque responde a una realidad que va más allá del sector alimentario. El desperdicio no es solo una ineficiencia económica. Es un problema social y ambiental. Cada alimento que se tira implica recursos perdidos, emisiones innecesarias y oportunidades desaprovechadas.

Por eso, la ley no debe entenderse solo como una carga administrativa, sino como una herramienta para avanzar hacia un modelo más eficiente y competitivo.

Donde se jugará el éxito es en la operativa diaria de las empresas. Gestionar excedentes requiere coordinación, adaptación, formación y herramientas adecuadas.

Muchas compañías ya donan, pero sin un sistema estructurado, lo que genera riesgos e ineficiencias. La profesionalización de estos procesos será clave para cumplir la norma.

Lejos de ser solo una obligación, la ley abre una oportunidad clara:
reducir costes, mejorar la trazabilidad, reforzar el cumplimiento y generar impacto social.

La experiencia en países como Francia demuestra que el sector puede evolucionar hacia modelos más eficientes.

Aunque la aplicación completa ya es obligatoria, el margen para adaptarse es limitado. Implantar procesos y asegurar el cumplimiento no se resuelve en pocas semanas.

Las empresas que empiecen ahora llegarán preparadas. Las que no, asumirán más presión, más coste y más riesgo.La ley ya está en vigor. El verdadero desafío no es entenderla, sino aplicarla bien.Y en eso, no hay atajos.

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