- El Partido Popular se ha abstenido
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con la abstención del PP, el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad, que, entre otras medidas, elimina las incompatibilidades entre prestaciones, permite el reconocimiento automático de la discapacidad a través del grado de dependencia, incluye la figura del asistente personal y blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incorporando la obligación de que el Estado asuma el 50% de la financiación.
El dictamen sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos excepto del PP, que se ha abstenido, y de Vox, que ha votado en contra.
El Pleno también ha convalidado, con el único voto en contra de Vox, el real decreto-ley para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone que las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. La norma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
«Es la mayor reforma social del siglo»
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que se trata de «la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo». Por ello, ha advertido de que no había «excusa ni disimulo» para votar en contra. «La tibieza o el gradualismo es la antesala de la incompletud o del fracaso. Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación», ha insistido.
Bustinduy ha señalado que con esta reforma se deja atrás la «mirada asistencialista o paternalista» sobre las personas con discapacidad o dependencia, así como «el modelo de las macroresidencias».
«Votar sí implica que una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleos ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad. Votar sí es que cualquier persona con discapacidad tenga al fin garantizada la tutela judicial efectiva», ha puntualizado.
Asimismo, ha añadido que «votar sí es que las personas cercanas, aunque no sean familiares directos, sean reconocidas como cuidadoras», permitiendo que puedan acceder también a la prestación económica por cuidados.
El PP cuestiona la financiación del sistema
Desde el PP, el diputado Enrique Belda ha señalado que «el problema no es el qué, ni los derechos, prestaciones o beneficios», sino «el de dónde, el cómo y, sobre todo, el hasta cuándo», criticando una enmienda transaccional que prevé que el Gobierno elabore, en el plazo máximo de 12 meses, un estudio sobre distintas vías de financiación del sistema.
«Pretenden con nosotros un acto de fe«, ha afirmado Belda, aunque ha asegurado que el PP mantendrá la «mano tendida» durante la tramitación en el Senado. Según fuentes del partido, el objetivo es introducir enmiendas para garantizar la sostenibilidad y financiación del sistema.
El PP sí ha votado a favor de ampliar la financiación estatal de la dependencia, aunque la diputada Carmen Fúnez ha precisado que no van a «convalidar» la forma de gobernar del Ejecutivo.
PSOE, Vox y el resto de grupos
Desde el PSOE, Inés Plaza ha defendido que, con esta reforma y el decreto de financiación, el Gobierno «elige a las personas» y destina recursos donde el PP «solamente puso recortes».
Por su parte, la diputada de Vox, María de la Cabeza Ruiz, ha calificado el decreto de financiación como un «cruel engaño» y un «juego macabro», mientras que el diputado Juan José Aizcorbe ha justificado el rechazo de su grupo al considerar que apoyar la reforma «sería un acto de fe».
Desde Sumar, Alda Recas ha defendido que la reforma reduce las desigualdades en el acceso a los cuidados y ha elogiado el papel de Bustinduy para lograr la financiación necesaria.
Apoyos con matices del resto de grupos
Desde ERC, Jordi Salvador i Duch ha advertido de que la inyección de fondos «mejora el presente, pero no garantiza el futuro», aunque ha respaldado la reforma.
La diputada de Junts, Pilar Calvo, ha acusado al Gobierno de ejercer «chantaje emocional» durante la negociación, pero ha celebrado que finalmente se aceptaran sus «líneas rojas», centradas en el respeto competencial y en la corresponsabilidad económica del 50% para evitar que la norma fuera «un cheque sin fondos».
Desde Podemos, Noemí Santana ha destacado que la reforma agiliza los procedimientos y reconoce expresamente la figura de la cuidadora principal, aunque ha lamentado que no se haya reconocido plenamente su papel.
El diputado del BNG, Néstor Rego, ha insistido en que el principal problema sigue siendo la falta de financiación, mientras que EH Bildu, a través de Isabel Pozueta, ha puesto en valor la fijación de un plazo máximo de tres meses para las valoraciones de dependencia y ha reclamado la exención total del copago en determinados cuidados.
Por su parte, la diputada del PNV, Maribel Vaquero, ha subrayado que las dos condiciones de su grupo eran el respeto competencial y la financiación, destacando además la garantía de continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal esté hospitalizada.
Finalmente, Compromís, a través de Àgueda Micó, ha reclamado una financiación estable para la dependencia, mientras que Coalición Canaria, representada por Cristina Valido, ha pedido tener en cuenta las particularidades de las islas, donde la dependencia resulta más costosa.
