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EU Kids Act: el intento de Europa de proteger a los menores en internet

Abogada Fourlaw Abogados

¿Es la edad un parámetro adecuado de vulnerabilidad para regular el acceso de los menores al mundo en línea y a las plataformas digitales? ¿Qué ocurre con las situaciones de especial vulnerabilidad que no dependen de ella? ¿Se deben establecer reglas específicas, aunque puedan entrar en contradicción con otras normas?

Estas son algunas de las cuestiones que han surgido a raíz de la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea el pasado 17 de septiembre, conocida como “EU Kids Act”, que busca proteger a niños y adolescentes frente a los riesgos digitales vinculados al peso que tienen en su día a día las redes sociales, plataformas de intercambio de vídeos, videojuegos en línea y la inteligencia artificial.

Dado que muchos de estos riesgos, urgentes y reales (reducción de la actividad física, falta de sueño, depresión, ansiedad, efectos negativos sobre el desarrollo cognitivo, trastornos alimentarios, etc.) no dependen solo de los contenidos, sino también del diseño de unos servicios que buscan captar la atención de los jóvenes y generar dependencia, la propuesta pretende actuar sobre ese diseño y no limitarse a responsabilizar a las familias.

En primer lugar, la propuesta establece la prohibición de crear cuentas y acceder a servicios de redes sociales en línea y a plataformas de intercambio de vídeos para los menores de 15 años, aunque permite las minicuentas supervisadas por los progenitores entre los 13 y los 15 años, así como el uso de servicios específicos para menores de 13 años.

A este respecto, es obligada una reflexión sobre el criterio de la edad como principal parámetro generalizado de vulnerabilidad. El propio texto reconoce en varios puntos que las capacidades de los menores evolucionan de forma distinta de un niño a otro y, sin embargo, las protecciones se construyen sobre umbrales de edad fijos, sin tener en cuenta la situación concreta de jóvenes especialmente vulnerables por razones relacionadas con la salud mental, una discapacidad o un contexto familiar difícil.

Además, cabe preguntarse si un sistema basado en la verificación digital de la edad y de la responsabilidad parental no corre el riesgo de dejar atrás a quienes disponen de menos medios para acceder a él, o de privar a niños y adultos de su libertad de expresión y obstaculizar su acceso a la información.

En este sentido, confiar en que los Estados miembros hagan realmente accesibles para todos los medios electrónicos de acreditación y pongan en marcha campañas de alfabetización digital, sin fijar mecanismos ni plazos armonizados, puede no ser suficiente.

A ello se suma una cuestión de encaje con el Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”), cuyo artículo 8 permite a cada Estado miembro fijar la edad a partir de la cual un menor puede consentir el tratamiento de sus datos, edad que la normativa española sitúa en los 14 años. Coexistirían así dos umbrales que no coinciden: un adolescente de 14 años podría consentir válidamente el tratamiento de sus datos y, sin embargo, no podría abrir autónomamente una cuenta en determinadas plataformas hasta cumplir los 15, mientras que en los Estados que fijan el umbral en 16 años ocurriría justo lo contrario.

Ambas reglas responden a finalidades distintas y pueden coexistir, pero, desde el punto de vista jurídico, plantean dificultades para las empresas que deberán aplicarlas. Los prestadores tendrán que distinguir entre la edad necesaria para utilizar un servicio, la capacidad para consentir el tratamiento de datos y las condiciones de acceso a determinados contenidos. No bastará, por tanto, con incorporar una casilla de consentimiento o una pantalla de verificación de edad.

En el plano nacional, el panorama tampoco está cerrado. El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que pretendía, entre otras medidas, elevar a 16 años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos y prohibir el acceso de los menores a las cajas botín, ha decaído con la disolución de las Cortes Generales el pasado mes de octubre. Si el próximo Gobierno decide retomar la iniciativa, tendrá que hacerlo con la vista puesta en el texto definitivo del EU Kids Act, para evitar que los umbrales nacionales y europeos se desalineen.

En segundo lugar, la propuesta establece requisitos armonizados de “seguridad desde el diseño” y prohíbe los “diseños adictivos”, que incluyen la reproducción automática y el desplazamiento infinito sin pausas, las notificaciones pensadas para atraer de nuevo al menor, las recompensas por compartir contenidos o los mecanismos que penalizan a quien no se conecta con regularidad.

Asimismo, se prevén límites de tiempo para proteger el sueño y el horario escolar. Los sistemas de recomendación deberán dar prioridad a las preferencias expresadas por el usuario, en lugar de basarse en su comportamiento en línea. Además, cualquier configuración por defecto deberá ser protectora (por ejemplo, con la geolocalización, el micrófono, la cámara y las notificaciones desactivados, y sin permitir el contacto directo sin la aprobación del menor).

También se prohíben los mecanismos que inducen a gastos impulsivos. Por su parte, los compañeros de IA y los chatbots no podrán simular relaciones que generen dependencia emocional ni reutilizar, por defecto, las conversaciones anteriores, mientras que las tiendas de aplicaciones deberán clasificar las aplicaciones por edad.

Difícilmente puede discutirse la conveniencia de estas medidas, más que necesarias en la sociedad hacia la que nos dirigimos.

Por último, la propuesta obliga a implantar sistemas de verificación de edad que no se basen en la simple autodeclaración de la fecha de nacimiento, como ocurre en la mayoría de los sistemas actuales.

Para ello, plantea herramientas electrónicas capaces de acreditar la edad exigida sin revelar la identidad del usuario, como, a modo de ejemplo, la aplicación de la UE para la verificación de la edad, ya presentada pero aún no disponible, concebida como una solución puente hasta que se implante plenamente la Cartera Europea de Identidad Digital.

También aquí, el cumplimiento dependerá de las herramientas que los Estados miembros pongan a disposición de sus ciudadanos y de su accesibilidad y eficacia.

La propuesta se encuentra todavía al inicio de su tramitación y su texto podrá cambiar, incluso de forma significativa, durante la consulta en curso y la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, para incorporar, al menos en parte, las observaciones de consumidores, asociaciones y otros organismos. 

Por otra parte, aunque muchas de estas críticas estén fundadas, no puede ignorarse la complejidad de regular fenómenos que afectan a millones de personas en situaciones muy diversas. En este contexto, la edad, como criterio general de partida, tiene la ventaja de ser una referencia clara tanto para los prestadores como para las familias, aunque deberá completarse con correcciones y excepciones para los casos que lo requieran, empezando por quienes son más vulnerables o corren el riesgo de quedar excluidos.

En definitiva, el EU Kids Act supone un primer paso para mejorar la protección de los menores en internet, pero su eficacia dependerá de que las medidas no se limiten a establecer prohibiciones y umbrales de edad. El verdadero reto será garantizar una protección que tenga en cuenta las distintas situaciones de vulnerabilidad, sin generar nuevas barreras de acceso al entorno digital.

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