MADRID (Reuters) – El Gobierno español prepara una segunda fase de recapitalización de las cajas de ahorros con reformas legales que permitirían la toma de participaciones del Estado en las entidades a cambio de nuevas inyecciones de capital y su transformación en bancos, según indicó una fuente conocedora del proceso.
La fuente indicó que la toma de participación pública en las entidades se produciría en los casos en los que no haya interés privado.
El Gobierno español trataría de alejar de esta manera el temor en los mercados a que España necesite un rescate europeo para sostener su sistema financiero de forma similar a lo ocurrido en Irlanda.
Hasta ahora las cajas han recibido algo más de 10.000 millones de euros en préstamos del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) pero las nuevas exigencias del Banco de España en cobertura de riesgo inmobiliario y los requisitos de capital de Basilea III requerirán mayores fondos a las entidades.
En una presentación actualizada para inversores en la web del FROB y fechado el 18 de enero, el fondo público dice que "podrían llevarse a cabo nuevas reformas legales para reforzar la solvencia y transparencia del sector", incluida la posibilidad de que el FROB tome una participación en las cajas.
"Si es necesario el FROB podría otorgar apoyo temporal para ayudar a las entidades a captar fondos de inversores privados; en última instancia, el FROB podría proporcionar los fondos directamente tomando una participación de la entidad de manera temporal", dijo.
El objetivo de mejorar la solvencia y por tanto el atractivo para los inversores se lograría, según el FROB, con dos vías de acción: cambios en la regulación de las cajas que eliminen los obstáculos que dificultan su acceso a los mercados y un aumento de transparencia para alentar la entrada en las entidades de inversores privados.
"… se contribuiría, de este modo, a aprovechar las ventajas de la disciplina de mercado", dice el documento.
El objetivo de estas nuevas medidas sería, añade el FROB, acelerar la separación efectiva entre el negocio bancario y la obra social de las entidades, con una gestión más independiente y alejada de las injerencias políticas de los gobiernos autonómicos.
