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03/12/2022. 22:45:50

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Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo

“Deseo una reforma radical de la Administración”

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Si hay alguien que puede hablar de Derecho sentando cátedra éste es Tomás Ramón Fernández, una personalidad en el mundo jurídico que, a partir de ahora, se une al Consejo Editorial de Civitas, donde ya figuran otros nombres de altura como son los de Díez Picazo o García de Enterría. Además de tratar su nombramiento, Legal Today ha querido en esta conversación tomarle el pulso a este catedrático de Derecho Administrativo.

Tomás Ramón Fernández

Tomás Ramón Fernández se incorpora al Consejo Editorial de Civitas en el que, entre otros nombres, figuran Luís Díez Picazo y Eduardo García de Enterría. ¿Qué supone para usted y qué papel va a desempeñar dentro del Consejo?

Para mí es un honor unirme a un grupo de profesores universitarios tan prestigiosos y una gran satisfacción también porque con todos ellos me une una gran amistad desde hace muchos años.

Mi papel dentro de este selecto grupo no puede ser otro que el de colaborar en el mantenimiento del rumbo de este sello editorial, que constituye un referente imprescindible para todos los juristas españoles e iberoamericanos y también para los economistas.

Para que una obra sea publicada en Civitas, hay que superar un exigente proceso de selección. ¿Qué criterios considera que ha de tener un volumen para que aparezca bajo la marca Civitas?

La marca Civitas se ve en el mundo universitario como una marca de calidad porque eso, precisamente, la calidad académica y científica de los originales, ha sido siempre el criterio decisivo de selección. De ese criterio no cabe desviarse.

Actualidad es crisis económica, pero también Administración morosa. ¿Cree que las administraciones ya han dejado de ser un "objeto del deseo" para las empresas, o "el que tuvo, retuvo"?

La situación actual es grave, pero la "enfermedad" tiene cura. El "enfermo" saldrá adelante, más delgado, desde luego, pero fuerte, porque realmente lo es. Seguirá siendo imprescindible, por lo tanto, contar con él.

Entre particulares se trata de evitar lo más posible ir a juicio, usando negociación, transacción, ahora también fuertemente la mediación. Parece que las Administraciones públicas sin embargo no tienen reparo a los tribunales. ¿Es bueno que sea así o debería subirse a este tipo de carros también?

Este es un tema muy complicado, que nos preocupa a todos, aquí y fuera de aquí, pero que no es fácil resolver. Para el funcionario es más cómodo y más seguro dejar que sean los Tribunales quienes fijen, por ejemplo, las indemnizaciones. Por altas que éstas sean su pago no planteará a nadie problema alguno.

Negociar una solución, en cambio, aunque sea por una cifra varias veces inferior a la que presumiblemente puedan fijar un día los Tribunales es para el funcionario mucho más trabajoso y también más arriesgado.

Y si esto es así para el funcionario lo es mucho más todavía para el político, porque cuando la "bomba" judicial explote él ya no estará allí.

Es sólo un ejemplo, pero puede resultar ilustrativo de las dificultades a la que me refiero.

Hace unas semanas una socia de un gran despacho decía en esta misma tribuna que había pasado por la Administración pública en el pasado. Ella nos explicaba que la Administración debería tomar ejemplo de las buenas prácticas de la empresa privada. ¿Qué reflexión le merece este punto de vista?

Este es un viejo tópico, que no tiene en cuenta que la Administración es y no puede dejar de ser una realidad política, que se resiste como tal a la aplicación de modelos de gestión pensados por y para las empresas privadas, cuya actividad se orienta a la maximización del beneficio económico.

A todo ello hay que unir la perspectiva burocrática, que es también otro elemento diferencial. Todo ello hace que la "lógica" institucional sea radicalmente diferente en la Administración y en la empresa privada.

Antes puse ya un ejemplo respondiendo a otra pregunta. Voy a añadir ahora otro. Cuando yo ingresé con poco más de veintiún años en el Cuerpo Técnico de Administración Civil (hoy Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado) tuve ocasión enseguida de aprender la diferencia. La planta del inmueble ministerial en la que yo trabajaba se había pintado en Marzo y, sorprendentemente, se volvió a pintar en Diciembre. Yo no entendía por qué, pero un compañero más veterano me lo explicó muy bien en dos palabras: si se deja sin utilizar parte del crédito para ese fin, al año próximo Hacienda nos dará menos. Pura lógica, pero otra lógica distinta de la individual y, por supuesto, de la empresarial.

Si hay culpa, ¿quién la tiene de la enormidad de la Administración española?

Naturalmente, los gobernantes, los políticos, estatales y  periféricos, que la han tenido en sus manos. Ninguno de ellos se ha conformado con el despacho que tenía su antecesor; todos han querido realzar su propia importancia rodeándose de un número creciente de asesores, disponiendo de coches blindados fastuosos que nadie ha querido comprar luego en subastas públicas; todos han contribuido a llenar de "chismes" inútiles sus respectivos "estaditos" autonómicos, incluidas ¿por qué no?, embajadas, Consejos Consultivos, Defensores del Pueblo de pomposos nombres pseudohistóricos;  todos han "metido" en el presupuesto a sus amigos y compadres políticos, etc, etc, etc. La "pólvora del Rey" se gasta fácil cuando falta sensatez y, por supuesto control.

La mediocridad se ha apoderado de la democracia y el Estado de las Autonomías, al multiplicar por diecisiete el número de gobernantes, ha contribuido a colocar en primer plano a los de la quinta fila de la clase.

¿Qué reformas administrativas vislumbra en el horizonte?

Me llamo Tomás y creo lo que veo, así que no vislumbro nada. Deseo, eso sí. Deseo una reforma radical de la Administración, de la del Estado y, sobre todo, de la de las Comunidades Autónomas. Y deseo también que el número de Ayuntamientos se reduzca drásticamente, a la décima parte, porque el resto son inviables económicamente y no pueden prestar eficazmente ningún servicio.

 En un contexto presupuestario de reconsideración de la oferta de servicios públicos, ¿dónde está la línea de garantía mínima de estos en un Estado social y democrático de derecho?

El nivel de los servicios públicos depende siempre y necesariamente de las disponibilidades económicas. De nada vale decir que el mínimo está aquí o allí si llega un día en el que no hay con qué. Pregunten en Grecia dónde está el mínimo. Les responderán que antes del rescate el mínimo estaba allí y que hoy está aquí, pero que nadie puede asegurar dónde estará mañana. Y cuando las barbas de tu vecino veas raspar…

CURRICULUM VITAE

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ramón Fernández Rodríguez se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1962, obteniendo el grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid en 1966. Ha sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad del País Vasco (1972-1975) y en septiembre de 1975 pasó a desempeñar la misma Cátedra en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de cuya Facultad de Derecho fue Decano desde 1975 a 1977 hasta que, en Diciembre de ese mismo año, fue elegido Rector de la UNED cargo que ocupó hasta noviembre de l982. En 1983 le fue otorgada la Medalla de Oro de esta Universidad y ese mismo año 1983 pasó a ocupar la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, de la que actualmente es Catedrático emérito.

Tomás Ramón Fernandez es autor, junto a Eduardo García de Enterría del "Curso de Derecho Administrativo" que se viene publicando ininterrumpidamente desde 1974 (15ª edición, 2011). Su último libro en Civitas es “De la arbitrariedad de la Administración”, 5ª edición, 2008. Fernández ha sido profesor invitado en diferentes universidades extranjeras, como la Universidad de París X (Nanterre), la Universidad Nacional de Buenos Aires o la Universidad Nacional de La Plata. Desde el año 2003, este prestigioso abogado y profesor universitario es Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es también Doctor honoris causa por la Universidad de Jaén (2008).

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