«Es posible ofrecer a la sociedad una administración de Justicia más ágil, reduciendo procedimientos»

¿Qué sensación experimentó cuando fue nombrado para el cargo de presidente del TS y del CGPJ con el respaldo de buena parte de la clase política y resultar elegido por unanimidad?

Diría, si me permite, que se mezclaron dos sensaciones íntimas: de un lado, la de agradecimiento como es lógico por pensar en mí para este cargo, de otro, la de responsabilidad, por la importante tarea que acometer, ligada básicamente a la vocación de servicio, que creo es la piedra angular de quienes conformamos el Poder judicial español.

¿Dónde está el secreto para no haber sufrido interferencias políticas en sus 40 años de profesión?

No se trata de secretos. Se trata de que cada cual asuma el rol que le corresponde en el Estado de Derecho, y para ello es importante que todos (políticos, jueces, periodistas, sociedad…) seamos capaces de entender que la división de poderes no es exclusivamente un planteamiento doctrinal o teórico, sino que es la esencia misma de la democracia. Los jueces somos independientes, en la misma medida que somos responsables de nuestros actos. Y esa circunstancia se convierte en una coraza que protege de cualquier intento de interferencia, caso de existir.

De usted, entre otras cosas, destaca su independencia. ¿Lo es tanto que, por eso, no forma parte de ninguna asociación de jueces?

Formar parte o no de una asociación de jueces no es contradictorio con ser independiente a la hora de realizar tu trabajo profesional. Es una decisión personal que cada uno asume por diferentes motivos. Pero, créame, que todos los jueces -afiliados o no a una asociación- perseguimos, como norte esencial, la mejora del servicio público de Justicia y la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ahí nos encontramos todos, asociados y no asociados.

Ejecutivo, legislativo y judicial: la separación de poderes, ¿existe?

Claro que existe, y creo que sobran ejemplos para ello. Es verdad que se tiende, a veces, a ofrecer una imagen a los ciudadanos de imbricación de un poder en otro.

En este sentido, también es verdad que las conexiones entre el Legislativo y el Ejecutivo son numerosas por la propia lógica de la vida pública y política. En cuanto al Judicial, al margen de polémicas estériles sobre supuestas dependencias partidistas, es lo cierto que está configurado constitucionalmente como un Poder del Estado independiente y España puede presumir que esa configuración constitucional se plasma día a día en nuestros órganos judiciales.

Todo lo anterior tampoco impide que el Poder Judicial, más concretamente su órgano de gobierno, el Consejo General, ofrezca toda su colaboración con el resto de instituciones y administraciones del Estado para lograr una justicia que satisfaga las legítimas demandas de la ciudadanía. Colaboración, entendimiento, búsqueda de acuerdos, pero no supeditación ni injerencias.
¿Sigue valorando la posibilidad de que se eliminen recursos tales como los de súplica o reforma para que pueda haber una Administración de Justicia más ágil?

La gran apuesta del actual Consejo del Poder Judicial fue la de la modernización de la Justicia: una Justicia que sea accesible, cercana, transparente, ágil y tecnológicamente avanzada.

Perviven en nuestro ordenamiento jurídico, tal vez, procesos complejos y dilatados en el tiempo, que bien pudieran acortarse. Y no faltan opiniones de quienes, desde la doctrina y la función judicial, han señalado el exceso de "garantías" de nuestro sistema.

Sinceramente opino que es posible, sin merma de garantías constitucionales, ofrecer a la sociedad una administración de Justicia más ágil, reduciendo procedimientos y, en algunos casos, eliminando pasos intermedios -como el que cita- que casi siempre solo conllevan dilatar el tiempo de respuesta judicial.

Hay juzgados a los que llegan 8.000 asuntos al año. Los números cantan. ¿Cómo se puede resolver tal carga de trabajo?

Evidentemente, son cifras inasumibles. Y lo que le puedo decir es que el Consejo trabaja, con el resto de las administraciones competentes -en este caso, el Ministerio de Justicia- para resolver estas situaciones. Y lo que sí debo destacar es el enorme esfuerzo que los jueces y magistrados españoles realizan para evitar la parálisis de la Administración de Justicia. Es un esfuerzo encomiable, muchas veces sin más recompensa que la del trabajo hecho y bien hecho…

En cuanto al esfuerzo del Consejo del que le hablaba, sí apuntaré que hemos adoptado más de trescientas medidas de refuerzo para paliar la situación en que se encontraban o podían encontrarse aquellos órganos judiciales más saturados por efecto directo de la crisis: los juzgados mercantiles, de primera instancia y los juzgados de lo social.

Y creo honestamente que podemos afirmar que la situación actual, aun lejos de ser la ideal, nos ofrece un panorama más alentador que el que hemos tenidos los dos últimos años, coincidiendo con la etapa en que la crisis ha golpeado con más dureza todo el entramado socioeconómico del país.

¿Le preocupan los recortes que pueda sufrir la Administración de Justicia?

La actual situación económica es, para todos los estamentos sociales y no solo para la Administración de Justicia, muy preocupante. Y es evidente que las medidas de contención del gasto público, incluso de ajustes presupuestarios a la baja, parecen imprescindibles en estas circunstancias. La Administración de Justicia, el Poder Judicial es consciente de ello, porque no vivimos en ninguna burbuja, ajenos a la realidad que nos rodea.

Los jueces españoles han desarrollado su labor muchas veces bajo condiciones precarias, incluso económicas, pero nadie puede dudar que han trabajado mucho y bien para afianzar una Justicia tuteladora de los ciudadanos.

También quiero apuntar que son épocas duras, pero esperanzadoras, pues el proceso de modernización de la institución judicial no admite pasos atrás. Se tardará más o se tardará menos, pero la apuesta por la modernidad de la Justicia española que hemos hecho todas las instituciones del Estado es ya un camino sin retorno. Momentos complicados, sí, de ajustes, pero también momentos de avivar el ingenio y el esfuerzo común para, con los medios de que se disponga, continuar en la senda de la reforma.

Según sus palabras, el Tribunal Supremo está haciendo un "esfuerzo sobrehumano para ponerse al día en 2012". ¿Lo ve viable?

Por supuesto que es viable, de hecho empieza a ser viable ya. Me refiero a que los procesos que se tramitan en algunas salas del Tribunal Supremo se están resolviendo en plazos no superiores a un año (cifra de las mejores de la Europa comunitaria), y en una de las salas que más retrasos acumulaba, la de lo contencioso-administrativo, se está llevando a cabo un proceso de puesta al día enorme, a través de los distintos planes de actualización que han sido suscritos por el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia, de tal suerte que, según palabras del propio presidente de la Sala, el magistrado José Manuel Sieira, a finales de 2012 podremos ya hablar de una normalización total, es decir lo que usted ha llamado "estar al día", que no es más que estar en condiciones de resolver los asuntos en un plazo muy razonable, como es el de no rebasar esa frontera de un año que le he indicado antes.

El bicentenario del Alto Tribunal, en 2012, ¿qué ha de celebrar?

2012 es un año marcado de simbología para la Justicia española. Es, en efecto, el año en que se conmemora el doscientos aniversario de la creación del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de nuestro país.

Es el año en que conmemoramos el 200 aniversario de la primera Constitución democrática española, la surgida de las Cortes de Cádiz, que ha sido un legado español y referente jurídico de primer orden para todo el mundo occidental.

Son motivos sobrados para una celebración, que por supuesto no se alejará de la austeridad institucional. Y son motivos sobrados, pues la Constitución de 1812, la creación del Tribunal Supremo, son piedras angulares de lo que ha representado, dos siglos después, la convivencia pacífica de los ciudadanos españoles, convivencia basada en los principios y valores de justicia y de libertad.

No es entendible la España de hoy sin el precedente de 1812: una Constitución y un Tribunal Supremo en defensa de una Justicia para todos los ciudadanos.

"Hay cierta crisis de confianza en la Justicia". Esta frase la pronunció usted recientemente. ¿Qué hay detrás de su manifestación?

Hay crisis de confianza en las instituciones, también en la Justicia. Así, al menos, es observado por los sociólogos y por los medios de comunicación. Es, sin duda, una pérdida de credibilidad derivada de unos momentos en que quedan cuestionados determinados modelos, suscitan dudas determinadas estructuras sociales, que no han sabido, que no hemos sabido, conectar con la sociedad actual y que ofrecen perspectivas no muy halagüeñas a las nuevas generaciones.

Hay, asimismo, otros factores que influyen en una imagen negativa del funcionamiento de nuestros tribunales: un exceso de debate político en torno a las resoluciones judiciales, como si se hubiera convertido a las salas de justicia en lugares de confrontación política, que debe tener otras sedes donde manifestarse; probablemente tampoco, desde los órganos judiciales, hayamos sido capaces de transmitir unas imágenes del trabajo de la Justicia más acordes con la realidad cotidiana; y probablemente, tampoco desde los medios de comunicación se hayan hecho visibles una gran parte de las actuaciones del Poder Judicial, poniéndose, a veces, un excesivo acento en las resoluciones judiciales más controvertidas, olvidándose de los más de diez millones de asuntos que resuelven anualmente nuestros juzgados y tribunales.

"Una justicia tardía es una injusticia". ¿Cómo podemos transformar esa injusticia en justicia para poder hacer justicia?

La Justicia, si tarda mucho en llegar, no es que deje de ser justa, es que se puede convertir en injusta porque no ha respondido a las pretensiones de los ciudadanos en el momento oportuno y, por tanto, no ha servido para dirimir un litigio sino, a veces incluso, para crear uno nuevo.

He insistido varias veces en esta entrevista en la necesidad de perseverar en el proceso de modernización, empeño en el que estamos colaborando las distintas Administraciones con competencias en materia de Justicia. Y en ese proceso de reformas, sin duda el punto básico es el de poder ofrecer a la sociedad una respuesta judicial más ágil y más rápida. Y hacerlo todo ello sin merma de las garantías constitucionales, que son la base del Estado de derecho.

¿Por qué la justicia y la ciudadanía difieren tanto en qué es lo justo?

Creo que, pese a la dificultad de integrar en el pensamiento de todos los seres humanos un mismo concepto de justicia, no difieren tanto jueces y ciudadanos como da a entender su pregunta.

En todo caso, al juez le corresponde la aplicación de la ley, desde el meticuloso estudio de los asuntos, de las pruebas practicadas, de las declaraciones efectuadas, de los testimonios producidos, y no, evidentemente, desde los comentarios de terceros ajenos al proceso, basados la mayor parte de las veces en rumores, noticias incompletas o testimonios interesados.

Esto último es lo que llega al ciudadano, y llega antes que la respuesta judicial, y es lo que provoca en ocasiones esa, en mi opinión, falsa impresión de que la ciudadanía y la justicia caminan por senderos diferentes

Asuntos como el "Caso Mariluz", en los que la opinión pública y la prensa realizan juicios paralelos, ¿llegan a perturbar?

Pues a veces, es verdad que no contribuyen a un ánimo sereno, que es el entorno donde ha de desenvolverse el juez a la hora de afrontar su cometido.

Pero también soy consciente de que resulta de todo punto inevitable que algunos procesos que conllevan una gran carga emocional se conviertan en auténticos juicios paralelos.

Mire, a mí no me preocupa en qué medida estos denominados procesos paralelos influyan en los órganos judiciales. Y no me preocupa porque no influyen. El juez dispone de suficientes medios (el ordenamiento jurídico, su propia formación jurídica y personal…) para sobrellevar estas situaciones. Sí me preocupa, en cambio, la incidencia que pueden tener sobre las personas sometidas al proceso y sobre la imagen social de nuestra Justicia.

En ese terreno, deberíamos ir con más cuidado, por el daño que se puede producir. Principios básicos del Estado de derecho, como el de la presunción de inocencia, o. como señalábamos al principio de la entrevista, el de la credibilidad en el funcionamiento del Poder Judicial, pueden quedar seriamente afectados.

Año Nuevo, Ministro Nuevo… ¿Qué les pide a ambos?

Al año nuevo, creo que como todos los españoles, le pido la superación de la grave crisis que golpea a tanta gente, y, en un terreno que me es muy conocido, la consolidación de la paz, con el cierre definitivo e incondicional de la violencia terrorista, que tanto sufrimiento ha generado.

En cuanto al nuevo ministro, más que pedir, le deseo mucho éxito y le ofrezco la máxima colaboración para que, entre todos, la Justicia se consolide como el pilar fundamental que es de convivencia entre los españoles.

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