Las tres leyes, que forman parte del Plan de Modernización de la Justicia presentado por Francisco Caamaño hace casi tres años serán ahora serán remitidas al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva al incluirse en cada una de ellas algunas enmiendas.
La Ley Concursal perfecciona la reforma efectuada mediante Real Decreto-Ley 2/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, tiene por objetivo la agilización, simplificación y abaratamiento del procedimiento concursal; la profundización de las alternativas al concurso a través de los institutos preconcursales y la rectificación de algunos aspectos de la actual regulación que han generado problemas prácticos y dudas interpretativas.
La Ley se propone normalizar el papel del concurso y constituirlo como un instrumento al servicio de la viabilidad de las empresas y no sólo como fórmula para su liquidación cuando entran en dificultades.
Entre los cambios que han salido adelante en el Senados destacan:
- Ampliación del control del juez sobre las negociaciones entre acreedores y deudores.
- Se pone un límite temporal para alcanzar un acuerdo de refinanciación. No podrá ser de más de dos meses a partir de la primera convocatoria de los acreedores.
- La introducción de un procedimiento ante notario para que las familias puedan negociar extrajudicialmente el reparto de sus bienes con sus acreedores. De ese modo se evita el concurso de acreedores.
-
Establecimiento de
criterios para que los jueces procedan a la homologación de los acuerdos de
refinanciación de pasivo que haya pactado una empresa con los acreedores -en
mayoría-. Igualmente, se trata de evitar el concurso. La ley pide que
esos acuerdos:
- impliquen ampliar como mínimo el 10% de la financiación concedida por los acreedores ,o se de una prórroga de tres años como mínimo para afrontar las obligaciones.
- Se regresa a la regulación de la administración concursal de antes. Continuará con un abogado, un economista y un representante de los acreedores con un mínimo de cinco años de experiencia en procesos de este tipo.
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
A través de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social los tribunales de este orden jurisdiccional asumirán todos los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación. De esta manera se evitará el peregrinaje jurisdiccional en casos que ahora concluyen en procesos paralelos en los juzgados de lo Social, Civil o en el Contencioso-administrativo, y, al clarificar el orden judicial competente, se mejora la tutela judicial efectiva, lo que representa mayor seguridad para el mercado laboral, más transparencia y menor gasto para empresas y trabajadores. Quedan al margen los casos penales, litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones derivadas de los procesos concursales.
Ley de Medidas de Agilización Procesal
La Ley de Medidas de Agilización Procesal está destinada a agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos. La norma introduce reformas orientadas fundamentalmente a la simplificación y supresión de trámites innecesarios y, también, a impedir la dilación deliberada del proceso o limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios. Las medidas tienen como objetivo principal mejorar la respuesta de juzgados y tribunales, dentro del contexto general de reforma de la legislación procesal, para lograr una administración de Justicia más ágil, moderna y eficaz.
El Congreso de los Diputados había puesto en 600.000 euros la cifra mínima para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo. Finalmente, una enmienda aprobada lo deja en 150.000.
