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12/08/2022. 16:36:18

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Aunque el profesor no tenga autoridad, es una Autoridad

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Según un documento de la Fiscalía, las agresiones a profesores y médicos del sistema público "dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos por la Administración".

Una propuesta de la Comunidad de Madrid ha hecho desvelar que la Fiscalía General había indicado en 2008 que los profesores de centros públicos y los médicos de la Seguridad Social fuesen tratados, a efectos de insultos y agresiones físicas, como Autoridad Pública. De ese modo, los delitos que sufren -cada vez- más serían, penalmente, atentados.

Aunque el profesor no tenga autoridad, es una Autoridad

Por una vez, un conflicto entre políticos clarifica al ciudadano. Ayer, Esperanza Aguirre anunció que una futura Ley autonómica reconocería al profesor como Autoridad Pública. Esta medida sólo afectaría, previsiblemente, a los docentes de colegios e institutos del Estado, "en respeto a la autonomía educativa y pedagógica de los centros privados y concertados", según fuentes de la Consejería de Educación

madrileña consultadas por Europa Press.

Ante la duda que podría surgir al respecto de la competencia o incompetencia de una Autonomía para legislar en material penal, la Consejera, Lucía Figar, explicó que Madrid "tiene competencias para reconocer por ley la autoridad pública de los docentes y su presunción de veracidad en informes y actuaciones, igual que ha hecho Cataluña en su ley de educación".

De hecho, el Código Penal, que al ser Ley Orgánica sí habría que modificarlo por una norma del mismo rango, en su artículo 550 define el delito de atentado, castigando como reos del mismo a "los que acometan a la Autoridad, a sus Agentes o Funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ella". Quién sea Autoridad no es objeto de la Ley Penal.

Realmente, la propuesta de la Comunidad de Madrid lo que hace es desarrollar la Ley Orgánica de Educación, que en su artículo 104.1 señala que las administraciones educativas deben velar para que el profesorado reciba el trato, el respeto y la consideración acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada.

El anuncio de Esperanza Aguirre ha recibido varias críticas, las cuales giran sobre que, si bien reconocen que es positivo que se destaque la autoridad del profesor, apuntan que no añade nada nuevo, porque ya hay sentencias en los que los docentes han salido respaldados tras un conflicto en los que se ha puesto en duda su autoridad como profesional de la enseñanza (extremo relevante sobre todo en lo referente al valor de las declaraciones).

Se adelantó la Fiscalía General del Estado

A este respecto, la Fiscalía también ordenó en la respuesta a una Consulta, hecha pública en noviembre de 2008, que las agresiones contra profesores de la enseñanza pública y contra trabajadores de la sanidad pública se contemplaran como un delito de atentado a la Autoridad y Funcionario Público.

De este modo, los docentes de centros públicos ya tenían la consideración de autoridad a efectos penales a instancia de la Consulta "Sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo", remitida a las fiscalías en noviembre de 2008. El documento daba respuesta a las dudas planteadas por la Fiscalía de Andalucía acerca de cuál debía ser el tratamiento jurídico-penal de este tipo frecuente de agresiones en el ámbito de la sanidad y educación públicas.

En el texto, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recomendaba a los fiscales considerar las agresiones contra funcionarios en el ámbito de la sanidad y de la educación, "consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave", dentro del ámbito de la tutela penal arbitrada por el delito de atentado, "siempre que concurran los demás elementos que configuran" el delito de atentado a la autoridad.

Las circulares de la Fiscalía General del Estado son de obligado cumplimiento. Por tanto, esta medida llegó un año antes de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, haya anunciado que promoverá una Ley de Autoridad del Profesor para conceder a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública".

Desde la Consejería de la Comunidad de Madrid han objetado, sin embargo, que si bien la Fiscalía pudo ordenar que las agresiones a profesores se trataran como tal delito, la futura normativa autonómica persigue muchos más aspectos que la mera agresión. Así, el tratamiento de Autoridad Pública de los docentes incluirá la presunción de veracidad de los docentes en sus declaraciones e informes, que hasta ahora no se había considerado.

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