El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que la Ley de Enjuiciamiento Civil obligará a todos los profesionales del sector judicial a relacionarse de forma electrónica con el fin de conseguir el objetivo de «papel cero».
Así lo ha aseguró ayer durante la segunda reunión de la Comisión para la Justicia Digital, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, en la también ha informado de los principales avances que se han llevado a cabo desde la última reunión el pasado 11 de mayo.
Esta comisión tiene como finalidad poner en marcha el mandato legal para, así, "comprometer" a diferentes administraciones y colectivos de que tomen las medidas oportunas para conseguir el objetivo de "papel cero" a partir del 1 de enero de 2016.
Catalá ha destacado durante la reunión que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aprobará en septiembre, incluye la obligatoriedad de que los profesionales del sector judicial deben relacionarse de forma electrónica a partir del próximo 1 de enero.
Asimismo, el ministro ha informado a los participantes en la comisión de los avances que se han conseguido en esta materia desde su constitución el pasado 11 de mayo, como que en la tramitación en el Senado de la Ley de Enjuiciamiento Civil se han introducido las enmiendas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que, además, está en proceso de valoración las peticiones de la Fiscalía.
También ha mencionado que se está trabajando en un Real Decreto de Comunicaciones Telemáticas, que ya ha recibido el informe favorable del CGPJ y de las comunidades autónomas y que éste será aprobado a finales de septiembre.
En este sentido, Catalá ha informado de los avances que se han producido en el funcionamiento de LexNet –plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos–. Esta sistema comenzará a funcionar en el ámbito penal a partir del último trimestre del año.
Con el fin de evaluar los siguiente avances, Catalá ha emplazado a los presentes a una próxima reunión en el mes de septiembre.
A esta reunión han asistido la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, además de representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del Consejo General de la Abogacía, del Consejo General de Procuradores, del Consejo General de Graduados Sociales, de los secretarios judiciales y de las comunidades autónomas.
