El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que este jueves comenzó su tramitación parlamentaria es «más garantista» aportando una mayor libertad y seguridad jurídica al ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. «Es una ley para el siglo XXI», ha expresado.
Antes de participar en la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial celebrada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministro ha sido preguntado por las críticas de la norma que la oposición califica como "ley mordaza".
Fernández Díaz ha respondido que tras tres horas de debate en la Cámara Baja "queda claro que es una ley más garantista, que garantiza mejor la seguridad ciudadana con más libertad y garantiza con más seguridad jurídica los derechos de todos los ciudadanos". "Por lo tanto, es una ley para el siglo XXI, para proteger un bien jurídico tutelado por la Constitución como es la seguridad ciudadana", ha remachado.
De este modo, ha aseverado que la norma se asienta desde la concepción de que la seguridad ciudadana es un "requisito previo para poder disfrutar pacíficamente de los derechos y libertades que la Constitución reconoce a los ciudadanos".
El ministro ha eludido responder sobre las imágenes sobre Melilla conocidas este jueves después de que la ONG Prodein haya difundido un vídeo en el que se ve cómo se devuelve a Marruecos, herido y seminconsciente, a un inmigrante que participó en el salto a la valla fronteriza de Melilla este miércoles.
Fernández Díaz ha acudido al órgano de gobierno de los jueces para participar en la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, que ha estado presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y a la que ha asistido el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
También han estado presentes el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el consejero de Interior de Cataluña, Ramón Espalader; la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Navarra, Javier Morrás; el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán y el magistrado Manuel García Castellón, como secretario de la Comisión.
La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial se creó en 1987 con el fin de armonizar y lograr la unidad de la dirección en las fuerzas adscritas a la investigación criminal. Entre otras funciones, elabora estudios sobre la evolución y el desarrollo de la delincuencia, emite informes o realiza propuestas de planes generales de actuaciones de la Policía Judicial contra la criminalidad y unifica criterios o resuelve eventuales incidencias que dificultan el adecuado funcionamiento de ésta.
"Amplía el ejercicio de las libertades de todos"
El portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Conrado Escobar, ha asegurado que el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana "amplía el ejercicio de las libertades de todos los españoles y protege más y mejor, sancionando menos pero con más garantías".
"Se trata de la Ley de la calle, de la convivencia, de derechos, libertades y garantías constitucionales", ha añadido Conrado Escobar, quien ha remarcado que "esta norma protege mejor al vecino, manifestante, turista, comerciante, familia y menor y sólo perjudica al violento, sólo incomoda al delincuente y sólo molesta al agresor".
Durante el debate de esta iniciativa legislativa en el Pleno del Congreso, el portavoz popular ha afirmado que "el texto protege más y mejor, sancionando menos pero con más garantías".
En este sentido, ha indicado que "desaparecen las faltas del futuro Código Penal, como así lo sugiere la Fiscalía o el CGPJ, con lo que ciertas conductas de violencia urbana se despenalizan".
Para Conrado Escobar "es bastante más sensato y proporcionado que una amenaza, insulto o forcejeo a un Policía no se penalice pero sí se sancione".
"La propuesta -ha explicado- es tipificar lo que es leve, grave y muy grave, para reducir el margen de interpretación al mínimo indispensable". Para ello, ha apuntado que "las sanciones se dividen en tramos y de forma ordinaria se aplica siempre la menor cuantía, desde 100 euros las leves hasta 600 euros las graves; hoy, se puede multar más porque la ley lo permite".
"Todo ello se hará con todas las garantías: procedimiento, alegaciones, recurso de alzada, se puede acudir al juez de lo contencioso y se puede acudir, sin pagar tasas, por el procedimiento de derechos fundamentales".
Mayor protección a la manifestación y al manifestante
Asimismo, el portavoz popular ha destacado que "este texto mejora la protección de la manifestación y resguarda al manifestante". Así, ha subrayado que "las manifestaciones no comunicadas se sancionarán como infracción leve, mientras que hoy constituyen infracción grave y se sancionará por primera vez a quienes perturben una manifestacióncon actos violentos o coactivos".
Además, ha añadido que "el empleo de capuchas o casco para dificultar la identificación en una manifestación será circunstancia agravante y no se sancionarán las manifestaciones ante el Congreso, Senado, Parlamento, si se han comunicado".
Por ello, Conrado Escobar ha lamentado "el absurdo y artificial frente común que construyó la oposición en bloque contra este proyecto utilizando un discurso de pancarta, de panfleto incendiario, de confrontación gratuita o de simple falsedad".
"Representan un sainete electoralista, sacrifican razones para invocar miedos y agitar etiquetas fáciles, manoseadas y demagógicas", ha reprochado a la oposición el portavoz popular, quien les recordó que "el mundo cambia, la sociedad se mueve y ustedes se resisten a cualquier cambio".
Por último, el portavoz del GPP ha ensalzado el "enorme esfuerzo del Gobierno por incorporar a la Ley las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía del estado, la Fiscalía, Amnistía Internacional, Greenpeace, APD y Comisión Europea, hasta conseguir uno de los mejores textos europeos en la materia".
