La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, introduce novedades e importantes modificaciones sobre la legislación anterior y supone un cambio cualitativo en el modo de concebir la legislación sobre contratación pública en nuestro Derecho.
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