El Gobierno anunció ayer martes el Plan Anual Normativo de la Administración General de Estado de 2024 (PAN-24) con toda la actividad legislativa que llevará a cabo este año y que estará compuesto por un total de 198 iniciativas, de las cuales el 75 % serán Reales Decretos, mientras que el resto serán leyes ordinarias u orgánicas.
Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, donde concretó que del total de iniciativas, 149 serán Reales Decretos, 43 serán leyes ordinarias y otras 6 leyes orgánicas.
De estas normas, 36 son compromisos con la Unión Europea de obligado cumplimiento para recibir los desembolsos de los fondos europeos, mientras que otras 62 leyes son transposición de directivas para incorporar al derecho nacional normativas que ya forman parte del derecho europeo.
Bolaños explicó que estas normas «son reales decretos y por tanto de rango reglamentario» y no son «Reales Decretos-Ley», una fórmula de carácter provisional que puede ser dictada por el Gobierno cuando concurre una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad para que entre en vigor sin ser validado al instante por las Cortes.
En la línea de acción del Gobierno
El titular de Justicia ha expuesto que las prioridades de este plan anual normativo del año 2024 son «las que vienen inspirando la acción del Gobierno progresista desde su nacimiento», como son la modernización del país «desde una perspectiva verde y digital», también en las instituciones públicas, o la mejora de las condiciones en el empleo y de la situación socioeconómica.
Entre las leyes más importantes que espera aprobar el Ejecutivo este año se encuentran la Ley de Industria, la Ley del Cine, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que data de 1882 y para la que «ha llegado el momento» de una adaptación «al siglo XXI».
También se encuentran en el Plan del Ejecutivo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025, después de renunciar a presentar los de 2024. Las cuentas públicas para el año que viene, según Bolaños, «están muy trabajadas» y se seguirá trabajando sobre ellas «en los plazos legales establecidos».
Otras de las medidas mencionadas por el dirigente socialista son una ley orgánica de medidas para reforzar la protección frente a la violencia de género, una ley de igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, así como una batería de medidas para «el colectivo de los jóvenes», que se suman a las ya aprobadas como la reforma laboral, la Ley de Vivienda o el aumento de las becas.
El Gobierno evita aclarar si la reforma de la LeCrim limitará los plazos de instrucción y descarta modificar el Código Penal
Por otra parte, Félix Bolaños, evitó aclarar si la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) limitará los plazos de investigación en los tribunales como ofreció a Junts el pasado febrero en el marco de las negociaciones para la ley de amnistía. El titular de Justicia anunció que el Ejecutivo pretende impulsar en este 2024 la reforma de la LeCrim –pendiente de Gobiernos anteriores– que pretende dejar en manos de los fiscales las investigaciones penales.
Preguntado sobre si la reforma contempla acortar los plazos de instrucción, Bolaños incidió en que el texto está en una fase «muy inicial». «Una vez que conozcamos cuál es la opinión que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues volveremos a analizar la norma y tomaremos decisiones sobre distintas cuestiones como la que usted plantea», contestó a uno de los periodistas.
Además, el titular de Justicia aseguró que «no hay en el Plan Anual Normativo ninguna modificación del Código Penal». Sin embargo, el ministro recordó que «hay en tramitación parlamentaria algunas iniciativas que suponen adaptaciones al Derecho europeo y que ya se han aprobado por el Consejo de Ministros hace escasas semanas». Cabe recordar que el pasado febrero –antes de que se aprobara en el Congreso la ley de amnistía– el exdiputado de los comunes en la Cámara Baja Jaume Asens puso sobre la mesa la posibilidad de plantear una reforma del delito de terrorismo en el Código Penal.
