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27/06/2022. 05:01:42

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El BOE publica la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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El Boletín Oficial del Estado publica este martes la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de dos nuevas reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia que introducen novedades como los límites a la instrucción, las medidas contra la ‘pena de telediario’ o la eliminación del papel en los Juzgados.

Balanza de la justicia gris

La propuesta de Código Procesal Penal presentada por la Comisión Institucional para la elaboración de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por

Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, actualmente sometida a  información pública y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya  implantación requiere un amplio consenso. En tanto dicho debate se mantiene, en la  confianza de encontrar el máximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal,  resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser  resueltas con la promulgación del nuevo texto normativo que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Acceda al Boletín Oficial del Estado

Ley de Enjuiciamiento Civil

Los avances en el uso de las nuevas tecnologías de comunicación constituyen un  valioso instrumento para el desarrollo de las actuaciones de la Administración de Justicia,  así como en su relación con los profesionales y los ciudadanos. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su redacción original ya  recogió parte de estas inquietudes al regular el uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración de Justicia y de aquellos que acrediten tener disposición de dichos medios. Esa previsión, junto con la Ley 18/2011, de 5  de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la  Administración de Justicia, que establece el deber de utilizar los medios electrónicos para  los profesionales de la justicia y de las oficinas judiciales, así como la obligación de las  Administraciones competentes de dotar de estos medios y el derecho de los ciudadanos a  relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, supusieron un paso muy  importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Acceda a la norma en el BOE

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