Finalmente, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana el informe del Proyecto de Ley de medidas organizativas y procesales que eviten el colapso de la justicia debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y tras el parón provocado por el estado de alarma.
El texto debe llegar ahora al Senado como paso previo a su aprobación definitiva. Cabe destacar que la aprobación en la Cámara Alta se ha producido por una alta mayoría, al recibir los 28 votos a favor de los Grupos parlamentarios PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y PNV, 5 en contra de Vox y 3 abstenciones de ERC, Bildu y JxCat.
Se tratan de las medidas fijadas en el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que el Congreso convalidó el pasado 13 de mayo, pero acordando su tramitación por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley. El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia se publicó en el BOE del pasado 29 de abril.
Los distintos grupos parlamentarios presentaron más de un centenar de enmiendas al texto que fue aprobado por el Ejecutivo en abril. Tras su estudio, los Grupos han dado el visto bueno al Proyecto de ley, que recoge un total de diez enmiendas transaccionales.
La habilitación de agosto podría quedar sin efecto
Además de proponer habilitar el mes de agosto y posibilitar turnos de tarde en los juzgados, la norma apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales. Sin embargo, la habilitación del mes de agosto (del 11 al 31 de dicho mes) podría quedar sin efecto debido a que se trata de una competencia atribuida al Consejo General del Poder Judicial. Como es sabido, dicha medida había suscitado numerosas críticas. En contra de esta medida juegan también los plazos de tramitación y entrada en vigor definitiva de la ley, que tendría lugar ya pasadas las fechas que se pretendían habilitar.
El Proyecto de ley prioriza los asuntos que tengan que ver con la protección de menores, moratorias de hipotecas o contratos de alquiler, recursos contra la administración por la denegación de ayudas, o despidos.
