El Consejo General del Notariado ha manifestado este miércoles que la Ley de la Jurisdicción Voluntaria ha reforzado aspectos como el carácter de autoridad pública del notario, especialmente en materia de formalización de divorcios y separaciones, cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la misma.
Durante la inauguración del seminario 'Jurisdicción Voluntaria: expedientes notariales' el vicepresidente del colectivo, Salvador Torres Ruiz, ha recalcado que la nueva legislación confiere al notario la facultad de sancionar de forma oficial un cambio de estado civil o la emisión de juicios que exigen valorar pruebas y adoptar decisiones, introduciendo incluso un juicio de equidad.
En su intervención en el seminario que se imparte en el marco de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, Torres ha destacado que la Ley de Jurisdicción Voluntaria les confiere además competencias en las leyes de Reforma Hipotecaria, Catastro Inmobiliario y Navegación Marítima.
No obstante, entiende que la adecuada aplicación de la normativa, que asigna a notarios la tramitación de algunos expedientes no contenciosos atribuidos en exclusiva hasta el momento a la Judicatura, debe conllevar una mayor colaboración de los órganos colegiales o la creación de un órgano de coordinación entre el CGN y el CGPJ.
REFORMA DEL REGLAMENTO NOTARIAL
Así, Torres considera "especialmente urgente" dicha colaboración en las materias relacionadas con el Registro Civil, tales como matrimonios, separaciones y divorcios. "Los notarios deberíamos contar con un acceso telemático al Registro Civil, no sólo para inscribir estos casos, sino para otros, como el nombramiento de tutores o los poderes preventivos; así como para obtener certificaciones cuando lo requiera nuestra función", ha apuntado.
Por su parte, los notarios Raquel Iglesias y Juan Pérez Hereza han señalado durante su intervención que la nueva competencia en materia de divorcio y separación ante notario supone además "una descarga de trabajo para los tribunales y una agilización del trámite", por lo que hacen un juicio positivo de la reforma, la cual aporta, según defienden, unas ventajas que se consiguen sin merma de derechos de los ciudadanos.