- Su presidente, Joaquín Merchán, denuncia notificaciones duplicadas, plazos imposibles y una presión normativa que vulnera el derecho al descanso. Reclama una revisión urgente del sistema y una desconexión digital efectiva.
- “No estamos desbordados: estamos hastiados y exhaustos. Y no es una hipérbole. Es una realidad que no pienso obviar como presidente y compañero”. Con esta contundente afirmación, Joaquín Merchán Bermejo ha alzado la voz en defensa de una profesión clave para el funcionamiento del sistema socio-laboral
El presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, ha lanzado un contundente mensaje de defensa de la profesión, ante los graves problemas que afrontan los despachos como son el exceso de carga normativa, notificaciones electrónicas fuera de horario, duplicidad y hasta triplicidad de las mismas y una falta de previsión que vulnera el derecho al descanso. Una problemática que impacta no solo a los más de 17.000 graduados sociales colegiados, sino también a otros profesionales, autónomos, empresarios y ciudadanos que dependen de su labor diaria.
Merchán ha denunciado públicamente que “la publicación constante de normas, muchas sin tiempo de adaptación, está convirtiendo nuestro día a día en una carrera de obstáculos”. Y alertó especialmente sobre la reciente implantación del sistema de notificaciones automáticas de altas y bajas en la Seguridad Social (NOTES y DEHU), que ha saturado los despachos de los profesionales desde la entrada en vigor del BNR 8/2025.
La situación, ha señalado el presidente, se agrava con un ritmo legislativo excesivamente elevado, marcado por la improvisación y la publicación de nuevas normas sin plazos razonables de adaptación. “No permitiéndonos el derecho al error”.
El Consejo General ha solicitado de manera urgente una revisión inmediata del sistema al Director General de la Tesorería de la Seguridad Social, desde la mesa de trabajo creada por Tesorería y Consejo General, y ha promovido una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, ya registrada por el Grupo Parlamentario Popular, que recoge sus reivindicaciones, solicitando a las Administraciones que se respeten sus derechos y que las notificaciones electrónicas se limiten al horario laboral razonable, evitando así la actual sobrecarga de trabajo y el desgaste emocional del colectivo.
Joaquín Merchán ha reclamado una “desconexión digital efectiva y un nuevo paradigma en la relación con la Administración. Desde el Covid, los ciudadanos estamos al servicio de la Administración, cuando tendría que ser que la Administración estuviera al servicio del ciudadano”, advirtiendo que el actual modelo no solo merma la salud y el rendimiento de los profesionales, sino que también compromete la calidad del cumplimiento normativo en empresas y administraciones.
En este contexto de creciente presión e incertidumbre, el presidente ha reiterado el compromiso del Consejo General con la defensa activa de los derechos del colectivo y la mejora del sistema.
Desde el Consejo se advierte que la automatización de procesos no puede traducirse en una reducción de garantías. Las notificaciones fuera de plazo, la imposibilidad de suspender su término y la saturación de los sistemas electrónicos acortan los tiempos hábiles de respuesta, lo que deteriora el cumplimiento normativo, la eficacia del sistema y, en última instancia, la confianza ciudadana. Ya este mismo año, Joaquín Merchán, mantuvo conversaciones con la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con el Secretario de Estado de la Seguridad Social para que se llevase a cabo un cambio legislativo, sobre la ampliación a 6 días naturales para solicitar las bajas y variaciones de datos de las personas trabajadoras, pero lamentablemente recibió una respuesta negativa.
El Consejo General de Graduados Sociales pide garantizar plazos razonables que permitan una gestión eficaz, preservar la salud laboral de los profesionales y mantener los estándares de calidad que hacen de este colectivo un pilar esencial en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y empresas. Porque solo respetando los principios básicos de la normativa laboral será posible avanzar hacia un modelo justo, sostenible y verdaderamente humano.
