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05/12/2022. 11:09:14

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El decano del Colegio de Abogados de Sevilla se despacha contra el sistema penal a raíz del caso “Ricardi”

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Rafael Ricardi recuperó la libertad el viernes tras permanecer encarcelado más de una década por una violación no cometida

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, consideró este fin de semana "una gravísima quiebra de todo el Estado de Derecho que un inocente haya estado privado de libertad durante más de 12 años", en alusión a Rafael Ricardi.

El preso gaditano salió el viernes 25 en libertad condicional después de haber pasado 13 años en prisión, por dos condenas por violación que las últimas pruebas de su ADN indican que no cometió, delitos para los que ya se han imputado a otras dos personas. Ricardi había sido condenado en 1995 a dos penas de 18 años, aunque tenía un límite máximo de 30.

El decano de los abogados sevillanos reclamó que "se refuercen las garantías del sistema penal" para evitar que se produzcan "errores irreparables que atentan brutalmente contra los derechos fundamentales a la libertad y dignidad de la persona".

Gallardo aseguró también que "desgraciadamente este caso no es único" y se mostró "convencido de que otras personas se encuentran privadas de libertad injustamente en las prisiones españoles", por lo que creyó necesaria "una mayor sensibilidad en el sistema policial, judicial y penitenciario para evitar esas situaciones".

Según Gallardo, "en España hay que flexibilizar el sistema de revisión de las sentencias penales condenatorias, ya que actualmente adolece de una excesiva rigidez jurídica que dificulta e incluso impide la realización de la justicia material".

"Lo sucedido con Ricardi vuelve a evidenciar que la Justicia Penal española está en crisis desde hace años y precisa urgentemente una reforma estructural en profundidad, que la modernice y la haga merecedora de la confianza de los ciudadanos", apostilló.

Finalmente, el letrado manifestó que es necesario "abordar ya la redefinición total del enjuiciamiento penal en España, incrementando las garantías para que ningún ciudadano pague con su libertad fallos del sistema y también para lograr una prevención y represión eficaz de los delitos que satisfaga a la ciudadana".

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