El Gobierno ha instado al Grupo Parlamentario Socialista a que «reactive» la Subcomisión sobre la Política de Inmigración del Congreso de los Diputados para que, después de verano, comience a debatir la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería hasta «adoptar una decisión» que cuente con «el máximo consenso social y político posible».
Según avanzó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el objetivo es que los diputados comiencen a trabajar en la modificación del texto en septiembre, para que el redactado final pueda ser sometido a votación en el Parlamento "antes de que acabe el año" y la reforma entre en vigor en 2009.
Esta modificación, que De la Vega define en términos de "reforma limitada y concreta", pasará por incorporar "derechos fundamentales" de los extranjeros como el de asociación y sindicación, por orden de una sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, servirá para efectuar la transposición de "algunas directivas" europeas, como la conocida como "De larga duración", sobre los inmigrantes con residencia permanente en territorio comunitario.
En paralelo, el Gobierno introducirá las modificaciones ya anunciadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para restringir el derecho de reagrupamiento de los extranjeros al núcleo familiar, es decir, el matrimonio y los hijos menores de edad. Según De la Vega, adoptar esta decisión es la vía para "poder seguir asegurando" a todos los ciudadanos "la protección del Estado".
RETENCIÓN MÁXIMA, DE 40 A 60 DÍAS
Si sale adelante la propuesta del Ejecutivo, el nuevo texto incluirá también una ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de retención de inmigrantes en espera de repatriación, no por la aplicación de la recién aprobada Directiva europea de Retorno, que marca plazos de hasta 18 meses, sino porque según De la Vega, el periodo máximo actual "en ocasiones, resulta escaso" para efectuar los trámites de repatriación.
De la Vega compareció en la Moncloa tras celebrar la reunión inaugural de la Comisión Delegada para Política de Inmigración, compuesta por los titulares ministeriales de Asuntos Exteriores, Trabajo e Inmigración, Fomento, Igualdad e Interior. Esta comisión se reunirá regularmente para analizar la evolución de la política española en la materia.
Además de la reforma de la Ley de Extranjería, la vicepresidenta abordó otras cuestiones relativas al fenómeno de la inmigración que están "en la agenda" de Gobierno, como la propuesta de Corbacho para incentivar, mediante la capitalización del desempleo, el retorno de los extranjeros que se queden en paro en España, que analizará mañana el Consejo de Ministros y se discutirá en la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para el próximo 9 de julio.
Por lo demás, De la Vega incidió en que el Gobierno continuará apostando por "la inmigración legal, ordenada, integrada y ligada al mercado laboral" mediante la vigilancia de las fronteras en colaboración con el FRONTEX, "repatriando a quienes intentan o consiguen entrar en nuestro país ilegalmente", apostando por la política común europea en materia de inmigración e impulsando la cooperación con los países de origen.