El Consejo de Ministros aprobará hoy, en su última reunión antes de las vacaciones, el proyecto de ley de reforma fiscal que contempla una rebaja de impuestos de 9.000 millones de euros para trabajadores y empresas y que entrará en vigor, de manera escalonada, entre los años 2015 y 2016. También aprobará el proyecto de ley del Estatuto de la Víctima, que permitirá recurrir la libertad condicional del agresor, solicitar medidas de control para garantizar la seguridad del afectado o considerar a los hijos del progenitor fallecido o desaparecido como víctimas.
Después de analizar el anteproyecto de ley de reforma fiscal, que fue presentado públicamente el pasado 20 de junio, el Gobierno ha emitido el texto a información pública y, fruto de este proceso, el proyecto definitivo que enviará a las Cortes incorporará algunas novedades respecto a la norma inicial. El más importante, por ser la medida más polémica de la reforma, es el aumento del mínimo exento de la tributación en el IRPF de la indemnización por despido hasta los 180.000 euros, frente a la propuesta inicial de 2.000 euros por año trabajado.
Además, el Ministerio de Hacienda ha rectificado también el porcentaje de rentas por alquiler exentas de tributación en el IRPF para los propietarios, que se mantiene en el 60% actual frente a la rebaja del 50% que contenía el anteproyecto. También en el IRPF se incorpora la novedad de que los mayores de 65 años que vendan bienes y los destinen a una renta vitalicia no tributarán por las posibles plusvalías de dichas ventas.
En la misma línea, el proyecto de ley también incorpora otra mejora respecto al anteproyecto, relativa a la fiscalidad de los planes individuales de ahorro sistemático, al rebajar de diez a cinco años el periodo mínimo de tiempo de la inversión para beneficiarse de una menor fiscalidad en el IRPF.
Asimismo, incorporará otra novedad relativa a la deducción por inversión en I+D recogida en el Impuesto de Sociedades. Así, el valor de monetización que pueden llevar a cabo las empresas que realicen grandes inversiones en estas actividades pasará de 3 a 5 millones de euros.
También en este impuesto el Gobierno aprovechará la aprobación del proyecto de ley para mejorar la aplicación de la reserva de capitalización para las empresas. En concreto, el proyecto de ley establece como novedad, frente al borrador hecho público, que el límite a la compensación de las bases imponibles negativas en Sociedades se calculará sobre la base imponible existente antes de aplicar la nueva reserva de capitalización.
Rebaja del IRPF para 20 millones de contribuyentes
En cuanto a la rebaja del IRPF, la reforma reduce a cinco el número de tramos desde los siete actuales, dejando el tipo mínimo en el 19% –frente al 24,75% actual– y el tipo marginal en el 45% –frente al máximo del 52%–, si bien la rebaja se hará en dos fases, una en 2015 y otra en 2016, y beneficiará a los 20 millones de contribuyentes de este impuesto.
Por su parte, los rendimientos del ahorro pasarán a tributar a un mínimo del 19% y un máximo del 23%, cuando entre en vigor plenamente la reforma fiscal del Gobierno en el año 2016; mientras que los autónomos verán rebajadas las retenciones hasta el 20% en 2015 y el 19% en 2016, frente al 21% actual. Los que perciben rentas inferiores a 15.000 euros anuales ya están disfrutando de una rebaja de la retención al 15%.
Uno de los aspectos más novedosos de la reforma del IRPF es la extensión de los conocidos como 'impuestos negativos'. Así, las familias numerosas y con ascendientes con discapacidad o discapacitados a su cargo podrán cobrar por anticipado una deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF, a razón de 100 euros mensuales, como la que actualmente perciben las madres con hijos menores de tres años.
En materia del Impuesto de Sociedades, el tipo bajará al 28% en 2015 y al 25% en 2016, frente al 30% actual, mientras que las PYMEs podrán rebajar su gravamen hasta el 20% –frente al 25% actual– siempre que se apliquen dos deducciones de nueva creación para favorecer la autofinanciación y el endeudamiento empresarial.
Además, se suprimen algunas desgravaciones, mientras se refuerza la deducción por inversión en I+D+i y se incluye una nueva desgravación por reserva de capitalización, de tal manera que las empresas podrán destinar el 10% de su beneficio a provisiones o recursos propios para promover su autofinanciación y reducir su endeudamiento.
Además de esta deducción, para las PYMEs se introduce también una desgravación con el mismo objetivo para que durante cinco años puedan hacer provisiones y reducir su tarifa fiscal, de tal manera que las PYMEs que hagan uso de estas dos deducciones, que no exigirán obligatoriedad de inversión, tributarán a un tipo del 20%.
No subirá el IVA
A lo que ha renunciado el Gobierno es a modificar el IVA, que mantendrá sus tipos actuales, y el único cambio que ha introducido es lo concerniente a una directiva de Bruselas que obliga a España a elevar el tipo mínimo de este impuestos aplicado a algunos productos sanitarios, si bien deja fuera de este incremento a las gafas graduadas, las lentillas, las muletas o las sillas de ruedas.
Después de aprobar los proyectos de ley que conforman la rebaja del IRPF y del Impuesto de Sociedades, el Gobierno deberá ratificar también más adelante el proyecto de ley de reforma de la Ley General Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, que creará un registro público de morosos con aquellos contribuyentes con deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso que superen el millón de euros, siempre que éstas no se encuentren aplazadas o suspendidas y haya transcurrido un año desde la finalización del plazo de ingreso.
Estatuto de la víctima
A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno dará luz verde al proyecto de ley del Estatuto de la Víctima, que constituye un amplio catálogo de derechos procesales y extraprocesales a todas las personas que sufran un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito y además considera víctimas también a sus familiares.
Este texto, cuyo anteproyecto se aprobó el pasado octubre y que ahora iniciará su andadura parlamentaria, pretende dar una respuesta jurídica y social a través de un trato individualizado a todas las víctimas. Entre sus nuevos derechos, podrán recurrir la libertad condicional aunque no estén personadas en las causas cuando sea superior a cinco años de prisión.
La norma, que será aprobada en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales, permite comunicar a las víctimas cómo acceder a asesoramiento legal y darles toda la información necesaria en un "lenguaje comprensible" del proceso penal, como la fecha de celebración del juicio, la notificación delas sentencias o los sobreseimientos.
Pedir medidas de control
Las víctimas podrán pedir medidas de control para garantizar su seguridad cuando el agresor estén en libertad condicional y las de violencia de género serán informadas de la puesta en libertad del agresor sin que lo soliciten, salvo que manifiesten expresamente su deseo de no recibir una notificación sobre esta cuestión.
El proyecto aumenta las garantías para reducir la victimización durante el procedimiento. Así, se reducirán "al máximo" las declaraciones, se procurará que sea siempre la misma persona con la que hable la víctima y que sea de su mismo sexo; mientras que durante el juicio se evitarán preguntas "innecesarias" y el contacto visual con el infractor.
El redactado dota de una especial protección a los menores y las personas con discapacidad. De este modo, ordena suprimir las declaraciones que no sean "imprescindibles" y grabar aquellas oportunas para reproducirlas en la vista oral. Además, tendrán un representante legal cuando exista un conflicto de intereses con los progenitores o representantes legales.
Una de las novedades es que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos. En los casos de grandes catástrofes, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios hasta que no haya transcurrido un mes desde el suceso.
Este proyecto, que incorpora tres directivas europeas, fue presentado el pasado martes por Gallardón, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a colectivos de víctimas de terrorismo, violencia de género o el vuelo de JK5022 de Spanair, que se estrelló en Barajas el 20 de agosto de 2008.
