Por no quedar acreditado que el decano de los Procuradores de Madrid modificara los Estatutos del Colegio
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid archivó el pasado jueves la causa abierta contra el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla, un día antes de conocerse que la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que debe sustituir, Mercé Pigem, había sido sorprendida en la frontera de Andorra con 9.500 euros.
En un auto con fecha del 27 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Francisco Javier Teijeiro acuerda el sobreseimiento de los hechos al "no quedar acreditada la perpetración de ilícito penal alguno". Álvarez-Buylla estaba acusado de un posible delito de falsedad documental en su modalidad de tentativa inidónea.
La Asociación para la Defensa del Procurador se querelló contra Álvarez-Buylla y el secretario del Colegio, Ramiro Reynolds, por haber modificado tres artículos del proyecto del Estatuto del Colegio de 2011, cuando ya había sido aprobado por la Junta General Extraordinaria y antes de remitirlo a la Comunidad de Madrid para su inscripción y publicación definitiva.
El decano negó haber tenido relación con los hechos y una secretaria se atribuyó la autoría de un error administrativo al transcribir el proyecto de Estatuto. La Asociación para la Defensa del Procurador amplió su querella para que se investigaran irregularidades en el Estatuto de 2007 y pidió que se considerara la agravante de reincidencia.
Comunicación de un documento "alterado"
En el auto, que la asociación prevé recurrir, el juez Teijeiro destaca que no se ha probado la participación directa de los querellados en la remisión de ese texto, que finalmente no fue aprobado. En este sentido, alega que "no se ha modificado ningún documento, sino que esta alteración afecta únicamente a la posterior comunicación dirigida por los querellados para su inscripción y publicación oficial".
Así pues, el magistrado descarta el "elemento intencional" al no haber intervención directa de los querellados en los hechos y añade que "en la página web figura el documento realmente aprobado, a diferencia del que aparece publicado en el Boletín, por lo que el necesario elemento defraudatorio de este modo se diluye y desaparece".
"La falta de elemento intencional, que es inherente al tipo investigado y la no probada participación directa de los querellados en la remisión de un texto que al parecer no era el finalmente aprobado, han de conducir al inevitable sobreseimiento de la causa", argumenta el magistrado, para excluir la condición de perjudicados de los querellantes.
En cuanto a su ampliación, el juez califica de "inverosímil" que el Estatuto aprobado en 2003 hubiese incurrido en errores y que ningún colegiado se percatara sobre ello. En todo caso, considera que ese hecho estaría prescrito porque la certificación del secretario del Colegio de los Procuradores lleva fecha del 19 de enero de 2014.
Asociación para la Defensa del Procurador
La Asociación para la Defensa del Procurador se querelló contra Álvarez-Buylla y Reynolds por haber modificado tres artículos del proyecto de estatutos del Colegio, cuando ya había sido aprobado por la Junta General Extraordinaria del 15 de julio de 2010.
En concreto, les acusó de suprimir el artículo 8, sobre las cuotas de incorporación de los colegiados, y el 39, relativo al secreto de deliberaciones de la Junta. Además, afirmó que se alteró el artículo 64.1, en su apartado c, para introducir una adición: "Deberá responder al principio de capacidad económica y se devengará en cada procedimiento e instancia en que intervenga el profesional".
El proyecto de Estatuto fue remitido para su inscripción al Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y para su publicación al Boletín Oficial autonómico.
