El grupo de trabajo creado entre Congreso y Senado para valorar nuevas soluciones frente a la violencia de género estudiará que se reserve un cupo de plazas en la Administración no inferior al dos por ciento para ser cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su situación.
Se trata de una de las propuestas planteadas por el CSIF a la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, Carmen Quintanilla, y que ésta vio con buenos ojos para ser analizada en este grupo de trabajo, conformado por parlamentarios especializados en igualdad y que ella lidera, según ha confirmado a Europa Press.
El sindicato ha promovido entre los parlamentarios una serie de propuestas legislativas para combatir la violencia de género y promover la igualdad y la conciliación en las administraciones públicas.
De adoptarse esta medida, cada Administración pública adoptaría las medidas precisas para preservar la confidencialidad de los datos personales a lo largo de todo el proceso selectivo y una vez conseguida la plaza.
Un protocolo conjunto
Además, también se ha propuesto la elaboración de un protocolo en el conjunto de las Administraciones públicas para prevenir los casos de violencia de género y en último término la muerte de mujeres a manos de su pareja, favoreciendo la movilidad, preservando la confidencialidad y sus condiciones laborales y sin merma retributiva.
Las propuestas incluyen asimismo una modificación de la Ley de Familias Numerosas para incluir en esta definición a las familias constituidas por víctimas de violencia de género, es decir, mujeres que están a cargo de sus hijos tras la separación u orden de alejamiento.
CSI-F plantea igualmente una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para establecer un permiso para el cumplimiento del "deber inexcusable" para el cuidado de un familiar durante el tiempo indispensable (acompañar a pruebas médicas, cuidado en situaciones de reposo absoluto, entre otros), que actualmente no se garantiza y queda a la interpretación discrecional de la Administración, dependiendo de cada caso.
Finalmente, señala la necesidad de aplicar en todos los ámbitos de la administración el permiso de lactancia para los padres, independientemente de que la mujer no realice un trabajo remunerado y la creación de una bolsa de horas para la conciliación.