El texto aprobado por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara califica de "alarmante" la "falta de confianza generalizada frente al sistema judicial español". Considera que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de "interés general", amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles. Insta al Gobierno español a llevar a cabo un debate público, con la participación de todas las administraciones, "mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible".
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer un informe, que será sometido a su aprobación definitiva por el pleno en marzo, en el que se critican las prácticas de «urbanización extensiva» en España y se sugiere interrumpir la provisión de ayudas de la UE al país hasta que no se solucione el problema. Los diputados también proponen «suspender y revisar» todos los planes urbanísticos nuevos que no garanticen el respeto por la propiedad y reclaman una «indemnización adecuada» para las víctimas. La comisión parlamentaria recuerda que la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales, a «suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada», y a «estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos».
El informe señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para persuadir a un Estado miembro "a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar".
Según el texto, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, puesto que "el cemento y el hormigón han saturado esas regiones", lo que constituye una "pérdida significativa de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental". Todo esto se debe a la ausencia de planeamientos supramunicipales o de directrices de ordenación territorial "que establezcan límites razonables al crecimiento y desarrollo urbanístico".
Por otra parte, la comisión parlamentaria considera que las autoridades regionales competentes deberían suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos "que no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente" y que deberían "detener todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario".
El texto reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores aprobadas por el pleno de la Eurocámara, "que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona".
Sistema judicial e indemnización
También subrayan que las personas "que hayan adquirido de buena fe" una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles. No obstante, el informe aclara que los promotores conscientes de la ilegalidad de los contratos que firmaron no deben tener derecho a compensación.
El texto insta a las autoridades regionales y nacionales a establecer "mecanismos judiciales y administrativos" que impliquen a los Defensores del Pueblo regionales, ya que éstos pueden proporcionar medios para agilizar el acceso a la justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos. Además, en los casos en que pueda exigirse indemnización por la pérdida de propiedad, debería concederse de acuerdo con la ley y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La comisión parlamentaria recuerda que la directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas hacia los consumidores obliga a los países a proporcionar una "tutela judicial efectiva" a las víctimas, así como establecer sanciones contra dichas prácticas.
Marbella
Los diputados manifiestan su preocupación sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas "que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general".
