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La colaboración público-privada es un elemento clave para impulsar el avance de las smart cities

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Una jornada organizada por Fundetec y Garrigues analiza si el marco normativo se adapta a las necesidades de los nuevos proyectos de ciudad

Lluis Cases, socio de Garrigues; Xavier Puyal, secretario general y director jurídico de Cofely-GDF Suez en España; Ramón Ferri, director de Tecnología del Ayuntamiento de Valencia; José Ramón Morales, socio de Garrigues; Jaime Carnicero, teniente de alca

Madrid. 6 de noviembre de 2013.- La colaboración público-privada es el camino para impulsar con éxito el desarrollo de las smarts cities, creando modelos de negocio que generen valor a la sociedad. Así se puso de manifiesto en la jornada organizada por Garrigues y Fundetec ayer en Madrid, donde veinte expertos de la administración pública y del sector privado debatieron sobre si el actual entorno jurídico está preparado para hacer frente a los nuevos proyectos de ciudad. 

La jornada, que reunió a cerca de 300 representantes empresariales y de la administración, se estructuró en dos mesas de debate. En la primera se abordó el actual entorno legal y técnico propio de la normativa de contratación pública. Como principal conclusión se extrajo que el marco jurídico actual no puede ser la excusa para no impulsar proyectos de smart cities. Es cierto que, a priori, algunos aspectos propios de estas iniciativas pueden parecer difíciles de encajar jurídicamente (aspectos de financiación, duración de los contratos, relación con los nuevos operadores tecnológicos, etc.), pero se puede y se debe trabajar para encontrar soluciones que permitan ejecutar muchas de las iniciativas que actualmente están siendo planteadas, tanto por las administraciones públicas como por el sector privado. Figuras como el contrato de colaboración público-privado, el contrato especial o el contrato mixto pueden dar cobertura a estos proyectos.

Los expertos también señalaron otra vía fundamental para contribuir a la seguridad jurídica que reclaman la administración y el sector privado: la posibilidad de trabajar en pliegos tipo y compartir modelos de éxito ya implantados o, incluso, experiencias que finalmente no pudieron llevarse a cabo.

La segunda mesa de debate se centró en el entorno jurídico que requieren los operadores tecnológicos y de redes. En este marco se planteó si la privacidad de los datos puede convertirse en un impedimento para el entorno de las ciudades inteligentes, donde la interacción y las plataformas transversales generan gran cantidad de información. Los expertos destacaron la necesidad de identificar y tratar adecuadamente los riesgos específicos para la privacidad que pueden surgir por la captura masiva de datos -en ocasiones inadvertida- a través de sensores, dispositivos móviles, vehículos e, incluso, de las propias infraestructuras.

En la jornada se puso de manifiesto la importancia de que los legisladores comunitarios y reguladores en el ámbito de la protección de datos adopten soluciones flexibles que, a la vez, preserven los derechos de los ciudadanos, no sobrecarguen a los operadores públicos y privados y no impidan el desarrollo de las tecnologías en que se basan las ciudades inteligentes. De la misma forma, los representantes de las administraciones y del sector privado afirmaron que las smart cities deben ser capaces de prever y mitigar los potenciales riesgos en la seguridad de sus redes y sistemas de información. En este sentido, se quiso lanzar un mensaje optimista para destacar que la regulación de las smart cities debe abordarse desde el punto de vista de los retos y no de las amenazas.

Estas conclusiones representarán el punto de partida de un debate posterior que tendrá lugar en el marco del Smart City Expo World Congress, que se celebrará del 19 al 21 de noviembre en Barcelona.

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