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06/10/2022. 07:08:54

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La Ley Orgánica de Seguridad Nacional permitirá al presidente movilizar recursos privados si declara la “situación de interés para la Seguridad”

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El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, más de un año después de lo previsto en la Estrategia de Seguridad Nacional, que recibió el visto bueno de la mesa interministerial el 31 de mayo de 2013. El texto busca adecuar el sistema de seguridad español a los nuevos riesgos y amenazas globales, actualizando las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta ante situaciones de crisis. El texto de la que será Ley Orgánica, salvo modificaciones que se lleven a cabo en su paso a proyecto de ley o en los trámites parlamentarios, faculta al presidente del Gobierno a disponer de bienes propiedad privada de los ciudadanos que se consideren útiles para afrontar situaciones concretas de emergencia sobre la base de «unos principios que guiarán la participación de la sociedad en general para salvaguardar la seguridad nacional», según afirma el Anteproyecto.

Soraya Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez

En la reunión del Ejecutivo del viernes destaca el visto bueno dado al Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional. El texto aborda la Seguridad Nacional como política de Estado, concretando que "el nuevo sistema de seguridad nacional atrae sobre su eje central los instrumentos de gestión de crisis bajo el liderazgo del presidente del Gobierno y la dirección y coordinación del Consejo de Seguridad Nacional". El Anteproyecto busca facilitar la detección y valoración de riesgos y amenazas, la agilización del proceso de toma de decisiones y la coordinación de la respuesta en situaciones de alteración de la normalidad.  El Estado se dota así de cobertura legal para permitir una cooperación más eficiente en el uso de los recursos, basándose en el documento Estrategia de Seguridad Nacional aprobado en el Consejo de 31 de mayo de 2013, que indicaba que "la reforma paulatina del Sistema de Seguridad Nacional y el perfeccionamiento de los instrumentos de gestión de crisis precisarán la adaptación de la normativa aplicable a través de una Ley Orgánica. En el plazo de seis meses desde su constitución, el Consejo de Seguridad Nacional elaborará una propuesta de Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional para su posterior elevación al Consejo de Ministros".

"Situación de interés para la Seguridad Nacional"

La Ley Orgánica introduce un nuevo concepto en el ordenamiento jurídico, el de "situación de interés para la seguridad nacional", que solo podrá adoptarla el presidente del Gobierno en un situación de crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la administración, pero que no resulte tan grave como para encuadrarse en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Se ha de caracterizar por su potencial gravedad, su tamaño o transversalidad de las medidas que se vean necesarias para afrontarla, y no podrá suponer la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas. Las autoridades competentes actuarán conforme a sus atribuciones ordinarias.

Uso de bienes privados

Junto a planteamientos novedosos en la política de Seguridad Nacional, como son las interacciones público-privadas y el impulso de una cultura de Seguridad Nacional que implique al ciudadano, la Ley concreta las funciones que ejercerán en situaciones de crisis las Cortes Generales, el Gobierno en su conjunto, el presidente del Gobierno, los ministros y el Consejo de Seguridad Nacional.

El enfoque integral se complementa con lo que la Ley Orgánica llama ámbitos transversales y sectores de especial interés. Entre los primeros se detalla la ciberseguridad, la seguridad marítima, la seguridad del espacio y la seguridad económica y financiera. Entre los segundos, se especifican el medio ambiente, la sanidad, los transportes y las telecomunicaciones.

Las competencias de las que se dota al nuevo Sistema de Seguridad Nacional no se limitarán al campo de las Administraciones Públicas, sino que se podrá acudir a los recursos privados, sobre la base de "unos principios que guiarán la participación de la sociedad en general para salvaguardar la seguridad nacional". Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "esto no es nuevo", al haber antecedentes similares en las leyes reguladoras del régimen local y en la ley de expropiación forzosa. Puntualizó Sáenz de Santamaría que lo que busca la nueva norma es llevar a cabo un "inventario de recursos" de los que el Estado podría disponer para hacer frente a una emergencia o una crisis, previendo su "debida indemnización" a los propietarios que cedan los bienes pertinentes.

Participación de varios ministerios en el Anteproyecto

El texto cuenta con las aportaciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y Presidencia, los cuales han trabajado para dar cumplimiento a las indicaciones de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 y del Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo, de modificación del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, por el que se establecía el Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional.  Cabe destacar que el Anteproyecto no contempla un aumento del gasto público, sino que se actúa sobre la racionalización y optimización de los recursos ya existentes.

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