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28/03/2024. 09:38:15

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La sombra del caso Dívar es alargada

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La dimisión de Carlos Dívar que se produjo hace una semana sigue retumbando en la vida judicial interna, la que se pregunta por qué se alargó innecesariamente el proceso mediático del Presidente del TS y el CGPJ. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, considera “bastante desproporcionada” la campaña contra el expresidente de ese órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, aunque también ha reconocido que éste debería haber “gestionado mejor la crisis” para evitar o hacer “menos daño” a ambas instituciones y a la Justicia.

Gabriela Bravo, Portavoz del CGPJ

"Quizá las explicaciones en un momento anterior hubieran sido mejor entendidas y recibidas que 20 días después de haberse desatado todos los acontecimientos y con el clamor que había en la opinión pública", reconoció Bravo.

Así lo señaló durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo  con motivo de su participación en el curso ‘La presunción de inocencia y los juicios paralelos', organizado por la institución académica en colaboración con la Fundación Fernando Pombo .

La portavoz del CGPJ lamentó el "deterioro y descrédito" que ha sufrido la Justicia con este proceso, que ha durado cerca de mes y medio, y dijo que aunque hay "ataques" que, en principio, se  dirigen a la persona, "acaban afectando directamente a las instituciones".

Asimismo, Bravo consideró "muy reprobables" los "ataques" a la vida privada y personal a los que, en su opinión, se ha sometido a Dívar y aseguró que, además, eran "absolutamente infundados" y  han supuesto una "verdadera transgresión" de un derecho fundamental como es el de la intimidad y la propia imagen.

En esta misma línea, la portavoz comentó que "desde el momento" en que las acusaciones contra Dívar se judicializaron "se inició una especie de procedimiento público inquisitorial fuera de la propia vida judicial". Bravo, quien precisamente participó en un encuentro sobre la presunción de inocencia y los juicios paralelos, consideró este caso un "ejemplo" de los daños "irreparables" que se pueden producir a una persona o institución cuando a una información se le da un determinado sesgo.

Se está prescindiendo de los escoltas

En medio de la tormenta de los gastos personales, el Ministerio del Interior está retirando escoltas. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha defendido que la propia naturaleza de la Audiencia Nacional "justifica" el mantenimiento de los escoltas para fiscales y magistrados y se ha mostrado contrario a la decisión adoptada por el Ministerio del Interior de reducir de manera significativa la seguridad de los jueces.

El fiscal general explicó que la Audiencia Nacional es un tribunal con una jurisdicción "central" que se dedica a perseguir los crímenes "más graves", por lo que, a su juicio, es necesario un mantenimiento de la seguridad de fiscales y magistrados "si no integral, al menos reducido en función de los momentos económicos que se están viviendo".

Zaragoza, que junto al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, envió una carta al presidente del Gobierno en representación de todos los jueces mostrando su rechazo a la iniciativa, aseguró que el riesgo acerca de la seguridad de magistrados y fiscales "lo valora el Ministerio del Interior" y, en ese sentido, "acata" la decisión adoptada pero traslada "su inquietud" al Ejecutivo.

Preguntado acerca de la renuncia a sus escoltas por parte del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, y el presidente de la sala de lo Penal del mismo tribunal, Fernando Grande-Marlaska, Zaragoza manifestó que entiende la decisión como un "gesto de solidaridad con sus compañeros" que "dignifica" a ambos magistrados.

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