Se quiere sustituir el actual sistema fragmentario por un único marco jurídico
Un investigador que busca pruebas en otro país de la Unión Europea tiene que utilizar diversos formularios y procedimientos para obtenerlas. Las autoridades del otro lado de la frontera, a su vez, pueden hacer caso omiso de la solicitud o fijar sus propios plazos. La Comisión Europea ha adoptado esta semana un dictamen sobre una propuesta de siete Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Estonia y Suecia) para un exhorto europeo de investigación, sistema que facilita el trabajo de las autoridades judiciales en la obtención de pruebas de cara a procedimientos penales transnacionales.
La Comisión Europea ha identificado la ventaja que podría aportar la propuesta de los Estados miembros de la Unión Europea de un sistema más sencillo y unificado de toma y reconocimiento de medios de prueba. Los investigadores podrían utilizar un formulario estándar para solicitar directamente todo tipo de pruebas de sus homólogos, desde compartir las declaraciones de los testigos hasta poner en marcha registros domiciliarios. La propuesta también contempla que las víctimas no tengan que repetir varias veces su experiencia o trasladarse a otra jurisdicción si se permite registrar su testimonio en vídeo.
¿Cómo lo ve la Comisaria de Justicia?
"Para abordar de manera efectiva la delincuencia transfronteriza, las autoridades nacionales necesitan disponer de normas de cooperación claras y no burocráticas. Un investigador que siga la pista de una banda internacional de delincuentes o de alguien que haya perpetrado violaciones en varios países no debe pasarse el día entero llenando formularios. Al mismo tiempo, debemos disponer de unas salvaguardias procedimentales adecuadas que respeten los derechos fundamentales de las personas implicadas en las investigaciones, especialmente los sospechosos que no hayan sido declarados culpables", ha dicho la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la Unión Europea.
"Conseguir que las autoridades judiciales trabajen unidas y con confianza mutua es al mismo tiempo delicado y crucial. La Comisión ya ha presentado propuestas para mejorar los derechos de los sospechosos en toda Europa e incrementar la confianza en los diferentes sistemas judiciales nacionales. Proseguiremos el debate sobre el exhorto europeo de investigación. Estamos dispuestos a ayudar a los Estados miembros a lograr que sus propuestas respeten la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante las negociaciones y también más adelante, al aplicarse de manera efectiva este instrumento de la Unión Europea".
La Comisión prevé que las autoridades se mostrarán reacias a utilizar pruebas sensibles compartidas, como datos bancarios, grabaciones telefónicas o ADN si no tienen mutua confianza en la manera en que se obtienen. Por ello se ha pensado también en unas normas mínimas comunes de obtención de pruebas en toda la Unión Europea, de modo que se garantice su admisibilidad. Asimismo, los intercambios de datos personales acatarán a las normas de protección de datos de la Unión Europea.
La totalidad de los 27 Estados miembros de la Unión Europea negociarán ahora una propuesta final, que será posteriormente objeto de una votación por parte del Parlamento Europeo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. La Comisión decidirá entonces si necesita efectuar propuestas separadas, particularmente sobre la obtención/admisibilidad de pruebas. Cualesquiera propuestas de normas de la Unión Europea tendrán que atenerse a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Qué hay vigente en este orden de cosas?
Los acuerdos en vigor sólo fijan la base para que las autoridades judiciales apoyen, aunque sin reconocerlas, las decisiones de las demás autoridades. El Consejo de Europa adoptó en 1959 el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal. Con arreglo a los Convenios Europeos de asistencia mutua en materia penal de 29 de mayo de 2000, el Consejo de Ministros de la Unión Europea procuró fomentar la cooperación espontánea entre las autoridades judiciales, de policía y aduaneras.
El exhorto europeo de obtención de pruebas, acordado en diciembre de 2008, permite a determinados investigadores solicitarse mutuamente el intercambio de pruebas existentes, pero no obtener nuevas pruebas. No obstante, ningún exhorto de este tipo ha llegado a ser expedido, frente a las 14 000 órdenes de detención europeas expedidas sólo en 2008, debido a que solo está vigente en Dinamarca.
Además, los dirigentes europeos refrendaron en diciembre pasado el Programa de Estocolmo, tal y como reseñamos. La Comisión convirtió estos objetivos políticos en un plan de acción para 2010-2014.
