Los colegios de la abogacía se están pronunciando al hilo de un asunto fundamental para los intereses de sus miembros: la fijación de sus honorarios, ya que la sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo ha fijado que “los colegios de abogados no pueden establecer reglas específicas referidas a actuaciones profesionales concretas y que conduzcan directamente a una determinada cuantificación de los honorarios al no estar permitido por la Ley de Colegios Profesionales e infringir la Ley de Defensa de la Competencia”.
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ya trasladó a los consumidores su preocupación ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre los criterios orientadores de honorarios. Una resolución que, según ha manifestado Eugenio Ribón, debería preocupar tanto a los operadores jurídicos como a la ciudadanía porque compromete los principios de seguridad jurídica, dificulta el acceso a la tutela y quiebra el principio de transparencia e información sobre el que se asienta jurídicamente la protección del consumidor. Para el decano, la defensa de la Abogacía y la defensa de los derechos de los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, “resultan ser dos caras de la misma moneda”. De ahí la urgencia y la importancia de comparecer ante el órgano de representación y consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal, puesto que la decisión del Alto Tribunal “puede suponer un freno importante al acceso a la tutela judicial ante la ausencia de una previsión razonable de los efectos económicos que puede conllevar una acción judicial”.
Inquietud en otros colegios
Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga, impartió el 21 de febrero una sesión informativa en la que explicó cuáles son los planes de la Junta al respecto y resolvió dudas a los abogados. “La situación es grave y las soluciones no son fáciles”. “Se concluye que los colegios podemos y tenemos que tener criterios de tasaciones de costas. Se ha hablado de los criterios de Barcelona, que tienen la conformidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y se hablado de que los criterios tienen que basarse en conceptos como los del trabajo realizado, interés litigioso, pluralidad de partes o acciones, complejidad, etc.”. “La solución por la que se ha decantado la Junta es la que nos parecía menos invasiva con los compañeros y más escrupulosa con la sentencia del TS”, quiso señalar, indicando que los anteriores criterios se dividían en generales y específicos. La conclusión de la Junta, tras revisar extensamente las sentencias referidas y los criterios que se aplicaban, fue que los criterios generales cumplían lo exigido por el Tribunal Supremo, pues el alto Tribunal afirma que los Colegios sí pueden establecer criterios orientativos, entendidos como “formulación de pautas o directrices con algún grado de generalidad, lo que excluye el establecimiento de reglas específicas y pormenorizadas referidas a actuaciones profesionales concretas y que conduzcan directamente a una determinada cuantificación de los honorarios”.
