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29/03/2024. 01:52:50

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Los historiales, a golpe de vista

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Ayer entró en funcionamiento en todos los juzgados y tribunales de lo penal de España el Registro de Medidas Cautelares, Sentencias no Firmes y Requisitorias. El nuevo Registro ofrece ya información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura, o de detención y puesta a disposición; y sobre la peligrosidad del sujeto.

Los historiales, a golpe de vista

El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acompañado de la consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, presentaron ayer en la sede de la Consejería de Justicia de Andalucía el Registro de Medidas Cautelares, Sentencias no Firmes y Requistorias que desde ayer está operativo en todos los juzgados y tribunales de lo penal de España.

En este nuevo Registro se deberán inscribir:

  • las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencias no firmes por delito,
  • las medidas cautelares notificadas al imputado (siempre que no se inscriban en el Registro Central de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica),
  • los autos de declaración de rebeldía, y
  • las requisitorias adoptadas por los Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional penal.

Su puesta en funcionamiento contribuirá también a prevenir la especial reincidencia que se produce en los tipos delictivos de agresión sexual, ya que proporcionará datos, tanto a juzgados y tribunales como a policía judicial, que permitirá una protección más eficaz de los menores.

Con este sistema el Ministerio de Justicia entrega una nueva herramienta de trabajo, tanto a la Administración de Justicia, como a la Policía Judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras Administraciones Públicas, que servirá para mejorar el funcionamiento de la Justicia y para proteger más eficazmente a las víctimas, especialmente a las menores de edad.

La entrada en funcionamiento de este nuevo registro no ha sido un acto aislado. Hace apenas quince días se estrenó una aplicación informática que ha modernizado radicalmente otro de los cuatro registros preexistentes: el Registro de Penados.

Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia

Los cinco registros (Registro Central de Penados, Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, Registro Central de Rebeldes Civiles y Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores) constituyen en su conjunto un instrumento de extraordinaria utilidad para la Administración de Justicia, ya que permiten compartir información clave entre todos los órganos judiciales de España.

Recogen datos que, entre otras cosas, permiten valorar elementos tan determinantes como el riesgo de fuga y la peligrosidad del sujeto, antes de que un órgano judicial adopte cualquier decisión.

Su regulación conjunta ha permitido fijar unitariamente aspectos esenciales, como su contenido y sistemas de cancelación y acceso; utilizando criterios uniformes, ajustados a la realidad social y a las normas generales sobre protección de datos.

Estos registros mantendrán su individualidad, ya que cada uno de ellos tiene una finalidad, destinatarios y regulación específicos; pero el Ministerio de Justicia persigue adicionalmente dos objetivos modernizadores de gran importancia:

  • Unificar gradualmente en un único sistema informático la gestión y el acceso a la información de los cinco diferentes registros.
  • Facilitar el acceso a los registros directamente desde las aplicaciones informáticas que se utilizan en los juzgados de las Comunidades Autónomas (Minerva, Adriano, Cicerone, Temis, Atlante…).

Ambos objetivos simplificarán el trabajo de los juzgados, eliminando duplicidades, fases innecesarias e incluso contradicciones entre las diferentes bases de datos que se gestionan independientemente, además de reducir el uso del papel y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones. Además, hay un plazo de año y medio para que se habiliten las conexiones directas entre los sistemas informáticos de gestión procesal que utilizan los órganos judiciales y el sistema de registros.

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