Según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado "a los demás contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal". Para que las declaraciones complementarias extingan la responsabilidad penal han de ser veraces, completas y que el importe debido se ingrese. Los datos bancarios procederían de un robo de ficheros efectuado por un empleado de la entidad entre 2006 y 2007.
Tras conocer por la prensa que la Agencia Tributaria posee información de miles de contribuyentes con cuentas opacas en Suiza, los cuales habrían incumplido sus obligaciones con el fisco, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado valora que el trato que se está dando a estos potenciales defraudadores a la Hacienda española es “escandaloso, injusto y por los antecedentes de los que se dispone, probablemente ineficaz”.
La semana pasada saltó a los titulares que la Agencia Tributaria tenía localizados en las ubicaciones suizas de la banca británica HSBC unas tres mil cuentas de españoles, que acumularían una cantidad aproximada de seis mil millones de euros.
Dichas informaciones habrían llegado a España desde Francia. La Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, manifestó que ello forma parte del plan contra el fraude fiscal.
Hay la casi completa certeza de que dichos datos proceden originalmente del macro-robo de ficheros llevado a cabo entre 2006 y 2007 por Hervé Falciani, empleado del banco (robo reconocido por la entidad un año más tarde) y que ya originó pesquisas fiscales en Alemania y en Italia semejantes a las que se han iniciado en España.
Se sabe que los datos robados están en Francia, y nuestro país y el país galo tienen vigente un acuerdo de intercambio de información.
De hecho, el portavoz de HSBC, Pascal Dubey, niega haber recibido confirmación oficial alguna desde el Gobierno español acerca de que haya investigaciones vigentes que afecten al banco.
Los Inspectores de Hacienda afirman que se asemeja a una amnistía fiscal
La Agencia Tributaria, en lugar de haber iniciado inspecciones a estos contribuyentes o, en su caso, haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial los presuntos delitos fiscales cometidos, se ha limitado a requerir a estos contribuyentes para que presenten declaraciones complementarias, evitando así su responsabilidad penal e incluso las sanciones administrativas, sustituyéndose todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías defraudadas.
Estas acciones -afirma la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado- "suponen un escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido gravemente sus obligaciones fiscales. A los demás contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la Ley".
En la práctica, -valoran- "estas actuaciones se asemejan a una amnistía fiscal, porque permite a los contribuyentes regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la información de que dispone la Administración Tributaria. De producirse regularizaciones, probablemente serán sólo parciales, no aflorando estos defraudadores más que los importes que la propia Agencia Tributaria les informa que conoce".
La Agencia Tributaria se defiende
Ante las críticas que está recibiendo Hacienda por el modo de obrar ante el fraude a la arcas públicas (enviar un requerimiento pidiendo que se haga una declaración del IRPF complementaria) el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo manifestó en Onda Cero que "no se trata de un trato de favor a grandes patrimonios, sino de una investigación puntera singular". Aclaró que "se ha seguido el procedimiento que ha parecido más conveniente que en nada excluye la imposición de sanciones, ni tampoco, si hay pruebas suficientes, denuncias por los delitos correspondientes".
Respecto a la controvertida vía de entrada de los datos, matizó que nuestro país está emprendiendo negociaciones con Suiza para que este tipo de informaciones bancarias "venga directamente y no a través de terceros".
