El Colegio de Abogados de Madrid suspende a partir del 1 de junio las designaciones de abogados de turno de oficio con carácter indefinido. Este acuerdo no se aplicará cuando la no designación pueda causar un perjuicio directo e irreversible al ciudadano de cuya defensa o asistencia se trate.
La decisión adoptada por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid implica la suspensión de todas las actividades del Colegio en la gestión de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita que no afecten al derecho de defensa de los ciudadanos. Este acuerdo es consecuencia inevitable del alarmante deterioro de la evolución de la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid como servicio público esencial y única vía de acceso a la justicia para decenas de miles de ciudadanos, los más vulnerables.
Asimismo, y ante el más que previsible colapso del servicio, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados dará cuenta a las instituciones competentes del riesgo de quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que resulta de la situación descrita y comunicará el presente acuerdo al Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid, al Consejo General de la Abogacía Española, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y Decano del Colegio de Procuradores de Madrid.
Desde el año 2003 en que la Comunidad asumió competencias en materia de Justicia nunca se han revisado las remuneraciones de los abogados que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita, por lo que su valor por prestación es cada vez más bajo, mientras aumenta para el abogado el coste de su actividad profesional. En ese mismo periodo, las demoras de la Comunidad en el cumplimiento de sus obligaciones económicas se han hecho constantes y han ido acompañadas de una imprevisión presupuestaria, reiteradamente alejada de la realidad, que es fuente a su vez de mayores demoras, con grave perjuicio para los abogados y el Colegio, que la Comunidad se niega a compensar de ningún modo.
A principios de este año, cuando se adeudaban más de 35 millones de euros de las cantidades certificadas por el año 2010, la Comunidad abonó parcialmente esa deuda, pero lo hizo con cargo al presupuesto 2011, agotando por completo dicho presupuesto, que no ha alcanzado ni para liquidar el año 2010, del que aún se deben más de 4 millones de euros, y que ha dejado en una total incertidumbre el cumplimiento de las obligaciones económicas que se están devengando durante el año 2011.
Ante el permanente cuestionamiento del funcionamiento del servicio por parte de la Comunidad de Madrid, debe quedar clara la excelente preparación de los más de 4.500 abogados del turno de oficio, quienes durante el año 2010 realizaron más de 134.000 intervenciones garantizando la defensa real y efectiva de los intereses encomendados, además de 107.000 asistencias letradas a detenidos. Por otra parte, estas cifras son inferiores a las del año 2009 en aproximadamente un 10% y siguen descendiendo en el contexto de una evolución del coste de la justicia gratuita en la Comunidad de Madrid muy inferior a la media nacional, lo que contradice por sí solo el pretexto del incremento constante en el coste global del servicio como excusa para demorar los pagos.
El incumplimiento por la Comunidad de Madrid de sus obligaciones legales y su sistemática desatención a las justas demandas de la abogacía está comprometiendo un servicio esencial para la sociedad. Se contraviene así el modelo de servicio público que, a partir de la Constitución, configuran la Ley 1/1996, el Real Decreto 996/2003 y, en el ámbito de la Comunidad, el Decreto 86/2003, sobre dos ejes complementarios: la encomienda a los Colegios de Abogados de la gestión y organización de los servicios de asistencia jurídica y la financiación pública de dichos servicios por la Administración Pública territorial competente, de modo que "el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables"
El Colegio de Abogados ha hecho un ejercicio prolongado y generoso de lealtad institucional, tanto ofreciendo su plena cooperación para mejorar el diseño normativo de la justicia gratuita adaptándolo a la actual realidad social sin merma de los derechos de los ciudadanos, identificando y evitando los posibles fraudes o abusos, como explorando pacientemente todos los instrumentos a su alcance, incluyendo los mecanismos consensuados, para prevenir el grave daño que ya está causando a un servicio básico para la defensa de los derechos de los más desprotegidos.
Según las asociaciones de Abogados del Turno "La supuesta 'falta de celo' del Colegio de Abogados y de los letrados de oficio, según el reproche que nos hace la Consejería, no responde a la realidad, entre otras cosas porque es a dicha Consejería a quien corresponde ejercer ese control y celo, a través, en concreto, de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, organismo adscrito a aquélla Consejería".
