Se calcula que en la Unión Europea reside un número aproximado a ocho millones de inmigrantes ilegales, caldo de cultivo para la explotación laboral. Mientras, el continente envejece y necesita abrir nuevas vías para canalizar la inmigración y luchar contra la clandestinidad, sancionando a los empleadores. En este sentido, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado más sanciones contra los empresarios que tengan ilegales en su plantilla.
La posibilidad de encontrar un trabajo que incremente la calidad de vida que llevan en sus países de origen es uno de los principales motivos que lleva a muchos inmigrantes a venir a Europa, aunque pongan su vida en peligro. Esta necesidad se aprovecha por algunos empresarios, que lo ven como una manera de pagar sueldos más bajos y mantener a la mano de obra al margen de la Seguridad Social y de la legislación laboral; lo que a largo plazo distorsiona a la baja los salarios medios de los sectores que concentran un mayor número de empleados irregulares, sobre todo la construcción, el campo, la limpieza y la hostelería.
Desde la Unión Europea se está atajando esta otra "Europa de dos velocidades", no ya la que se refiere a la incorporación política sucesiva de determinados países a los diferentes estadios comunitarios; sino la que diferencia los destinatarios de los derechos humanos de aquéllos que circulan en un plano invisible. La Directiva de Retorno, tan criticada por otro lado, supone una respuesta única a los inmigrantes ilegales en todo el territorio de la Unión, dejando atrás las disfunciones que se producían por el panorama de tener tantos países sin fronteras, el espacio Schengen de libre circulación, y moneda única en la mayoría; pero donde el ilegal y las mafias podían sortear las legislaciones por ser diferentes entre sí. Además, la ya cercana "Tarjeta Azul" puede diseñar otro punto de partida para inmigrantes cualificados.
En medio de esta situación, el socialista italiano Claudio Fava, ponente del informe aprobado en la comisión de Libertades de la Eurocámara, alerta de que "una de las consecuencias sociales de este fenómeno es que estos inmigrantes están empleados en condiciones de explotación" asegurando que "los inmigrantes ilegales ayudan a satisfacer las necesidades de algunos empleadores sin escrúpulos" que contratan a "trabajadores dispuestos a aceptar empleos que, por lo general, están poco cualificados y mal pagados". Para poner freno a esta realidad, la Unión Europea propone, entre otras medidas, unificar las sanciones para quienes empleen mano de obra ilegal, y que cada Estado miembros realice inspecciones en una de cada diez empresas. En este sentido ya se pronunció el Ministro Corbacho en el mes de mayo. La sanción recaería sobre el empresario, no sobre el trabajador, por lo que se carga sobre los primeros la responsabilidad de revisar los permisos de trabajo de los empleados que contraten.
Sanciones penales y administrativas
Las sanciones irían desde multas en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años. Para los casos más graves, como aquellos en los que no se respete la norma en repetidas ocasiones (tres infracciones en dos años) o en circunstancias de trabajo particularmente precarias, se aplicarían medidas de tipo criminal.
Fava ha puntualizado que "no se pide que los empleadores tengan un conocimiento riguroso de los aspectos de los permisos de residencia u otras autorizaciones de estancia". El ponente afirma que "un empleador puede ser considerado responsable sólo si el documento es manifiestamente incorrecto o si sabe que se trata de una falsificación", y pide a los Estados miembros que establezcan "directrices claras y consejo continuo sobre la identificación de permisos de residencia y otras autorizaciones de estancia".
