La plataforma per la Llengua ha presentado una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que un juez de primera instancia e instrucción de Tortosa (Tarragona) exigiera a un perito que redactase un informe en castellano, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
La entidad considera que la decisión del juez vulnera la cooficialidad del catalán y el derecho del profesional a utilizar esta lengua en el ámbito judicial, por lo que pide al CGPJ que revoque mediante una interlocutoria la providencia del juez, que se investiguen los hechos y que posteriormente, se le abra un expediente sancionador.
Según ha explico la entidad en un comunicado, fue el pasado 16 de enero cuando el juez emitió una resolución con un requerimiento en el que pedía al perito, mediante un escrito en castellano, que hiciese un informe «de manera motivada, clara e inteligible y ajustándose a las normas básicas de la ortografía y la gramática castellana».
Fue a raíz de estos hechos cuando una de las partes se puso en contacto con Plataforma per la Llengua, que ha presentado una reclamación ante el CGPJ al considerar que podría suponer un «exceso o abuso de autoridad», lo que supone una falta grave según el artículo 4185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La entidad recuerda que la Constitución española otorga al catalán «el mismo rango jurídico que el castellano» e insiste en que la exigencia del juez al pedir que el perito redactase su informe en castellano vulnera sus derechos y la normativa vigente, en concreto, la ley 231.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge que los peritos pueden redactar sus informes en cualquiera de las lenguas oficiales.
