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03/07/2020. 15:06:44

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Presentada la modificación de la Ley de la cadena alimentaria, que prevé más medidas contra las prácticas desleales

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Consejo de Ministros 30 de junio

El Consejo de Ministros sometió ayer a informe el anteproyecto de ley que modifica la Ley de la cadena alimentaria para incluir la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que comienza su tramitación.

Se pretende con ello abordar los principales temas de fondo de una cadena alimentaria «moderna y competitiva, que ha tenido un excelente comportamiento durante el estado de alarma, pero que no está desprovista de problemas estructurales.

Los objetivos son:

  • Reforzar la posición negociadora de todos los eslabones de la cadena, de modo que se asegure la efectiva competencia de todos ellos y se dote de herramientas eficaces para que se pueda negociar en igualdad de condiciones.
  • Conformar la cadena de valor agroalimentaria de abajo hacia arriba.
  • Evitar prácticas desleales en la contratación agroalimentaria.
  • Aumentar los supuestos en que es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del sector, para ganar seguridad jurídica.
  • Ampliar el catálogo de prácticas desleales a evitar en la contratación agroalimentaria.


La norma Introducirá nuevas medidas de mayor calado contra las prácticas comerciales desleales, no recogidas en la legislación española. De esta forma, se favorecen las relaciones equilibradas entre empresas en la cadena alimentaria y se preserva lo ya aprobado mediante el real decreto-ley de febrero.

El anteproyecto recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros, amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas y refuerza el procedimiento sancionador.

Se protege a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales, por lo que los productos importados tendrán que atenerse a las prácticas comerciales contenidas en el anteproyecto de ley de la cadena.

La norma se aplicará a las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador cuando uno de los dos esté establecido en la Unión Europea (UE), por lo que deja de ser necesario que ambos estén radicados en la UE. Este cambio permitirá una mejor protección a los operadores españoles en un sector marcadamente vinculado al comercio internacional. La protección contra las prácticas desleales será siempre de aplicación cuando haya un operador español.

Este anteproyecto incorpora nuevas condiciones relativas al contenido de los contratos, como las penalizaciones contractuales o las excepciones por causas de fuerza mayor.

Nuevas infracciones sancionables

Respecto a las sanciones, se incorporan algunas nuevas infracciones para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Quedan recogidas como infracciones la totalidad de las prácticas comerciales prohibidas en la nueva redacción que se propone para la Ley 12/2013, de 2 de agosto.

Entre las leves destacan:

  • La cancelación, por cualquiera de las partes, de un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado para su entrega por el vendedor.
  • La devolución, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.

Como graves se incorporan:

  • Incumplir la obligación de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección.
  • La obstrucción a la inspección.

Proyecto de Ley del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

El Consejo de Ministros también solicitó en su reunión de ayer la tramitación parlamentaria de urgencia del proyecto de Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes el pasado día 9 de junio.

Esta propuesta legislativa modifica la norma vigente, para introducir las novedades para el periodo 2021-2030 adoptadas en la normativa europea y adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en al menos un 40 % en 2030 con respecto a los valores de 1990.

El régimen jurídico para el periodo 2021-2030 debe estar vigente en España, al igual que en el resto de países europeos, antes del 1 de enero de 2021, plazo que no permite una tramitación parlamentaria ordinaria. Es por ello, que es necesario interesar de las Cortes Generales la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

El régimen del comercio de derechos de emisión afecta en España a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos, cuyas emisiones representan en torno a un 40 % de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.

Material sanitario para la Administración de Justicia

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a tres acuerdos relacionados con la adquisición se material sanitario para prevenir la propagación del COVID-19 en las sedes de la Administración de Justicia:

  • Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de 990.000 mascarillas faciales quirúrgicas de protección individual, con un presupuesto de 396.000 euros, IVA incluido.
  • Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de 14.000 pantallas protectoras faciales de protección individual destinado al personal de los órganos judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, con un presupuesto de 32.200 euros, IVA incluido.
  • Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de 3.000 mamparas destinadas a puestos de trabajo con atención al público en los órganos administrativos y judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, con un presupuesto de 205.882,59 euros, IVA incluido.

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