A finales de febrero de este año, según fuentes cercanas, llegó a los Juzgados de San Cristóbal de la Laguna, una denuncia por la cual, uno de los antiguos trabajadores del Hospital Universitario de Canarias, solicitaba el amparo de la Justicia Canaria, por habérsele impedido sistemáticamente, su derecho de acceso respecto a su historial clínico.
El afectado asegura en su denuncia que, le fue denegado su derecho de acceso (consagrado en la LOPD), en múltiples ocasiones por el HUC, hasta tal punto, que tuvo que pronunciarse el propio consejero de Sanidad, Don Blas Gabriel Trujillo Oramas, procediendo, finalmente, a estimar la pretensión del usuario. Sin embargo, dicha resolución no ha sido suficiente para obligar al Hospital Universitario de Canarias a mostrar el listado pormenorizado con los accesos al historial clínico del interesado.
La confesión de una de las trabajadoras del complejo hospitalario se contradice con la respuesta ofrecida por el centro sanitario, el cual asegura que, nadie ajeno a los profesionales que suelen tratar al usuario, accedió a su historial clínico. Una contradicción que evidencia la posible comisión por parte del HUC, de un delito de prevaricación administrativa.
El letrado de la acusación, Don Francisco José Pavón Chisbert, ha asegurado que según el artículo 404 del Código Penal: A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a quince años.”
En la investigación que en la actualidad se está llevando a efecto en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Cristobal de la Laguna, el afectado (y antiguo trabajador del centro) sostiene que, su despido del hospital pudo haberse debido a la ilícita inspección de su historial clínico, el cual arrojaría información que podría no haberle encajado a las autoridades del centro, con el perfil de salud que ellos suponen, debía cumplir un trabajador sanitario, un acto discriminatorio que iría en contra de la propia Constitución Española, y en concreto lo referido a su artículo 14. (Alude el denunciante que, a día de hoy, su caso laboral se está dirimiendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias).
