El pasado sábado 25 de junio el Gobierno aprobó un Consejo de Ministros extraordinario en el que dio luz verde a un real Decreto-ley de ampliación de las medidas para amortiguar los efectos de la guerra y proteger a los más vulnerables. La norma, que fue publicada en el BOE del domingo 26, es el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
A modo de resumen, las medidas más relevantes que contempla son la rebaja al 5 % del IVA de la luz, la prórroga a la limitación de la subida del alquiler y la bonificación del carburante, la aprobación de incentivos para el transporte público y una ayuda de 200 euros para las rentas bajas y un incremento del 15 % las pensiones no contributivas. El texto supondrá un esfuerzo presupuestario superior a los 9.000 millones de euros -unos 5.500 en gasto y 3.600 en reducción de ingresos por rebajas fiscales-.
Protección frente a los precios de la energía
Un primer conjunto de iniciativas busca proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, de la subida de los precios de la energía. El IVA sobre la electricidad pasa del 10% al 5% desde el 1 de julio hasta final de año y se mantiene el resto de medidas en vigor, como la ampliación de los descuentos del bono social o la reducción de otros impuestos vinculados a la electricidad.
El nuevo decreto también prorroga la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles hasta el 31 de diciembre. Además, con el objetivo de fomentar el transporte público, se aprueba una reducción del 50 % del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales; la reducción será del 30 % para los abonos de las comunidades autónomas o las entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50 %. La reducción se aplicará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.
Subida del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas
Además, la norma recoge medidas específicas para las personas más vulnerables. Se mantienen el incremento transitorio del 15 % del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua, y el tope del 2 % para la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual. También se amplía la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Y el aumento de los costes energéticos seguirá sin poder constituir causa objetiva de despido en las empresas que reciban ayudas previstas en el Decreto-ley.
Otra tres medidas adicionales son: el aumento en un 15 % de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez hasta el 31 de diciembre; una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros, un pago único que se podrá solicitar durante el mes de julio; y la congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros.
Apoyo a los sectores más afectados
Otro grupo de actuaciones se centra en los sectores más afectados por la subida de los precios: se prorroga hasta septiembre el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social para el sector pesquero, agrario y del transporte urbano y por carretera; se destinan ayudas directas a las industrias gasintensivas y se amplían las ya existentes contra la sequía, entre otras iniciativas. El Real Decreto-ley amplía, igualmente, las medidas de protección a los afectados por la erupción volcánica de la Palma y prorroga el tipo reducido del 4 % en el IVA para las mascarillas quirúrgicas hasta fin de año.
